El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Oved López Rodríguez, reconoció este miércoles en TN5 Matutino de Canal 5, que la Ley de Justicia Tributaria, una de las principales apuestas económicas del gobierno, no será aprobada antes de que finalice la actual administración del Congreso Nacional.
López lamentó que el proyecto quede archivado y consideró que su no aprobación representa “una desgracia para el pueblo hondureño”.
Ley de Justicia Tributaria un capítulo cerrado parcialmente: Oved López
“Creemos que ya es sumamente difícil la aprobación de leyes de la importancia de la Ley de Justicia Tributaria. Cerramos este capítulo. Es una desgracia para el pueblo hondureño, porque por primera vez había una ley tributaria que no afectaba a las mayorías”, expresó el congresista oficialista.
El parlamentario señaló que la propuesta únicamente eliminaba exoneraciones y compensaciones que, según él, “no han servido para nada en el país”.
“Será el próximo Congreso Nacional el que deberá retomar estos temas. Espero que el pueblo hondureño sea sabio el 30 de noviembre y elija buenos diputados, que legislen a favor del pueblo, la mayoría de ellos en el Partido Libre”, añadió López.
¿Qué aborda la Ley de Justicia Tributaria?
Dicha ley es una propuesta impulsada por el gobierno de Xiomara Castro y el Partido Libre. según sus proponentes, el objetivo principal es reformar el sistema de exoneraciones fiscales en Honduras y garantizar un esquema tributario más equitativo.
La normativa busca revisar y eliminar los beneficios fiscales otorgados a empresas y sectores.
Desde su socialización, el sector empresarial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y partidos de oposición (PN y PL) se han opuesto a la ley, argumentando que podría desincentivar la inversión extranjera y afectar la estabilidad de empresas que operan legalmente.
Reunión de jefes de bancada y tensiones legislativas
El reconocimiento de López se da en medio de un bloqueo legislativo que mantiene suspendidas las sesiones del Congreso Nacional. El martes 7 de octubre, los jefes de bancada se reunieron para buscar consensos, pero no lograron acuerdos.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció en HRN que la directiva no ha convocado a sesiones pese a la existencia de “temas urgentes” en agenda.
“En la reunión presentamos una postura clara para solicitar una sesión inmediata. Propusimos respaldar varios puntos, incluyendo al menos siete dictámenes. No comprendemos por qué no se convocó la sesión. El pueblo demanda certeza sobre las elecciones y necesitamos aprobar el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia”, afirmó Zambrano.
Zambrano advirtió que, si no se convoca una sesión antes del 20 de octubre, la oposición podría autoconvocarse a una sesión extraordinaria para discutir temas pendientes.
Libre responde a la oposición
Por su parte, el diputado Ramón Barrios (Libre) negó que su partido busque concentrar el poder legislativo a través de la Comisión Permanente, una vez finalizado el período ordinario de sesiones.
“El Partido Libre no tiene ninguna intención de que la Comisión Permanente asuma los poderes del pleno. El Consejo Nacional Electoral es el encargado legal de conducir el proceso electoral, y el Partido Nacional cuenta con un representante en su pleno”, aclaró.
Barrios informó además que el presidente del Congreso, Luis Redondo, citará nuevamente a los jefes de bancada el viernes 10 de octubre, con el objetivo de fijar la fecha para reanudar las sesiones y avanzar en los temas legislativos pendientes.
Antecedente: Comisión Permanente y la elección del fiscal general
Zambrano recordó que el presidente del CN nombró en 2023 una Comisión Permanente, que fue formada el 31 de agosto, durante una fuerte crisis política en el Congreso Nacional, cuando los partidos no lograron acuerdos para reanudar sesiones plenarias debido a diferencias por la elección del fiscal general y adjunto.
El 1 de noviembre de ese mismo año, la Comisión Permanente, presidida por Redondo, nombró a Johel Zelaya como fiscal general del Ministerio Público.
Esta elección se dio sin la participación del pleno del Congreso, pese a que la Constitución exige 86 votos (mayoría calificada) para dichos nombramientos.
La oposición (PN, PL y PSH disidente) calificó la elección de “inconstitucional y arbitraria”, argumentando que nueve diputados no podían sustituir las funciones del pleno de 128 miembros.
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