Ocho integrantes de la pandilla Barrio 18 enfrentarán un juicio oral y público por la violenta muerte de 46 internas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ocurrida el 20 de junio de 2023.

El tribunal ha agendado el juicio del 25 al 29 de noviembre de 2024.

Las acusadas son Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva y Francis Margarita Chavarría Ávila.

Acusación

Se les imputan los delitos de asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitido.

Según el Ministerio Público, existen 94 pruebas en su contra, incluyendo documentos, testimonios, análisis científicos y peritajes.

Así ocurrió el crimen

El crimen se produjo alrededor de las 7:45 de la mañana. Según el relato de los hechos, en un acto planificado, las acusadas, que se encontraban en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de diversos calibres, además de objetos punzocortantes y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los listados de la población penitenciaria.

Acto seguido, obligaron a las policías a ponerse boca abajo y las encerraron en el módulo 6. Luego, ingresaron a otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria.

Mientras esto ocurría, otro grupo de las internas de la pandilla 18 se dirigió a los módulos 1 al 4, donde se encontraban las mujeres de la Mara Salvatrucha (MS-13). Utilizaron una almágana para romper los candados de los módulos hasta lograr entrar.

Las acusadas y sus cómplices deshabilitaron las cámaras de seguridad del penal. Como resultado de una planificación y acción conjunta, procedieron a matar a 23 internas. Mientras tanto, otras 23 reclusas, al escuchar las detonaciones, intentaron salvar sus vidas cerrando el hogar número 1 del módulo 1.

Sin embargo, al no poder entrar, las agresoras rociaron un líquido inflamable y prendieron fuego. Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera les disparaban, provocando que murieran, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.

Armas de grueso calibre

Para cometer los ilícitos, las ocho acusadas obtuvieron armas de fuego desde el exterior del centro penal, incluyendo 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, .380 y .45 milímetros).

También se encontraron armas de uso prohibido, como fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, las cuales fueron recolectadas dentro de la penitenciaría.