En medio de la creciente ola de asaltos que afecta a los buses del transporte público en el Distrito Central, capital de Honduras, la Policía Nacional advirtió que los empresarios del rubro no están brindando la información necesaria para ejercer un mayor control sobre el personal que labora en estas unidades.

Según el director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, comisionado Miguel Martínez Madrid, lo anterior dificulta las labores de prevención y seguridad en el transporte de personas en Tegucigalpa y Comayagüela.

Transportistas no identifican a conductores y cobradores

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, los transportistas no proporcionan con regularidad los nombres de los conductores y cobradores que operan en las diferentes rutas, a pesar de las reiteradas solicitudes de las autoridades.

Este vacío de información impide a la policía verificar si alguno de estos empleados tiene vínculos con estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS) o la Pandilla Barrio 18, entre otras organizaciones criminales.

"El problema es que hoy nos dan un nombre y mañana ya cambiaron de conductor o cobrador, y no sabemos si el nuevo tiene nexos con maras o pandillas. Así es imposible ejercer un control efectivo", explicó Martínez Madrid a La Prensa del Aire, de HRN.

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"Incluso hemos detectado casos de 'autosaltos' organizados desde dentro de las mismas unidades", recalcó el uniformado sobre los asaltos a los buses urbanos en la capital.

El funcionario aseguró que unidades especializadas como la Dipampco y la División De Seguridad Del Transporte Urbano (DSTU) remiten semanalmente a personas sospechosas de extorsión o asaltos en buses urbanos, pero las acciones pierden fuerza porque las víctimas no formalizan sus denuncias por miedo o desinterés.

Esto -según Martínez Madrid- anula el esfuerzo operativo y logístico desplegado por los cuerpos de seguridad.

Reclamos desde el sector transporte

Por su parte, el viernes 13 de julio, Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, respondió que el problema radica en la falta de acompañamiento estatal.

Según el dirigente del rubro, varios proyectos piloto para reforzar la seguridad en buses, como la instalación de cámaras y botones de pánico, han fracasado porque el gobierno no ha garantizado monitoreo ni respuesta oportuna ante emergencias.

"Podemos tener equipos modernos, pero si nadie vigila ni captura a los delincuentes, de nada sirve la inversión. El Estado debe aportar inteligencia, intervención telefónica y capacidad de captura. Nosotros solos no podemos", expresó Cálix.

Además, el dirigente también denunció que el sector transporte ha pagado más de 500 millones de lempiras anuales en concepto de extorsión durante más de dos décadas, sin soluciones definitivas por parte de las autoridades.

Aunque reconoció que las muertes violentas de conductores y ayudantes se han reducido —con 26 casos en lo que va de 2025—, advirtió que los cobros ilegales persisten sin tregua.

"Ha disminuido las muertes violentas en el sector transporte: este año solo van 26. En otros años, a esta fecha, fuéramos en 50 o 52, pero el pago de la extorsión no disminuye. Disminuye la muerte violenta, pero no disminuye el pago de la extorsión", expresó Cálix a La Tarde, de HRN y TSi, la semana anterior.

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Persisten los retos para garantizar seguridad

Mientras tanto, el incremento del parque vehicular y la falta de recursos humanos en la Policía Nacional agravan la situación.

Según Martínez Madrid, aunque el número de agentes ha crecido a casi 25,000 efectivos, el país sigue sin alcanzar los 30,000 recomendados por las Naciones Unidas.

Además, subrayó que muchos conductores se resisten a la instalación de cámaras de seguridad por temor a represalias o porque las propias maras controlan las unidades de transporte.

En este contexto, las autoridades reiteran que el trabajo conjunto con los empresarios del sector es indispensable para frenar la delincuencia en el transporte público.

Sin identificación de personal, monitoreo constante y formalización de denuncias, advierten, será imposible -según el vocero policial- reducir los índices de asaltos a los buses y extorsión que afectan a miles de hondureños.

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