La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron este martes a Honduras que se abstenga de criminalizar a defensores de derechos humanos de la comunidad garífuna (negra).
En un comunicado conjunto, la OACNUDH y la CIDH llamaron al Estado de Honduras a "adoptar medidas" que eviten la criminalización de defensores de los derechos garífunas, especialmente quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Además, instaron a "garantizar un ambiente libre de hostilidades para la defensa de los derechos humanos y a intensificar las medidas para respetar y proteger los derechos del pueblo garífuna sobre sus tierras, territorios y recursos naturales conforme los estándares internacionales e interamericanos".
"La CIDH y la OACNUDH observan con preocupación que el uso indebido del sistema penal sigue siendo utilizado, en ocasiones, como práctica de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente en relación con la defensa del territorio de comunidades indígenas y afro hondureñas", añaden.
Señalan que, según información recabada, varias defensoras garífunas habrían sido detenidas en Honduras y estarían "sujetas a procesos penales derivados de dos requerimientos instaurados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, que tendrían su origen en una disputa civil con terceros, por la falta de delimitación de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro".
Entre marzo y julio de este año, han sido detenidas al menos cuatro defensoras garífunas, tres de ellas integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Hostigamiento a defensores
La OACNUDH y la CIDH indicaron que han conocido el conflicto territorial que afecta a comunidades garífunas debido a la "falta de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras y territorios ancestrales", lo que también ha visto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en sus sentencias de 2015 sobre las comunidades de Triunfo de Cruz y de Punta de Piedra.
La CIDH expresó en su informe, "Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2019", su preocupación por las acusaciones y demandas de usurpación de tierra, calumnias y difamación en contra de múltiples líderes garífunas.
"La criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio" y el inicio de investigaciones penales o querellas, sin fundamentos, tiene "un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos".
"En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes", señalan.
Los procesos penales contra defensores de derechos humanos tienen como finalidad "hostigar y afectar su legítima labor", por lo que el Estado hondureño debe adoptar medidas para evitar que esas personas sean sometidas a "juicios injustos o infundados".
La CIDH y la OACNUDH señalan que el Estado de Honduras debe "intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades garífunas, incluyendo la demarcación y el debido saneamiento de las mismas", tal lo sentencia de la CorteIDH.
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