Tras el juicio que fue ventilado contra Antonio Hernández, culpable de narcotráfico y otros tres cargos, las posturas de grupos contrarios se han vuelto irreconciliables.
Los grupos que adversan la actual gestión no se conforman con el fallo condenatorio contra Hernández. Ahora van por la caída del mandatario Juan Orlando Hernández.
A juicio de tales sectores, Honduras se convirtió en un narco-Estado y - ante lo que ellos llaman una verdad incuestionable- hay que reorganizar su basamento legal, mediante una Asamblea Nacional Constituyente.
La Coalición de la Oposición asevera que en el país prevalece un "narco-Gobierno" que debe ser sacado del poder y someterlo ante las autoridades".
Para el ex fiscal general, Edmundo Orellana, el presidente Hernández se encuentra en una situación muy "incómoda", por cuanto se le considera la figura principal al frente de un "narco-Gobierno", lo que le ha llevado a "aferrarse más al poder, porque sabe que fuera de él sería presa de la justicia".
El abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, es del criterio que la condena contra Antonio Hernández es apenas parte de un problema de mayor dimensión: "Refleja la existencia de un sistema donde el Gobierno desempeña un papel para facilitar el tráfico de drogas", acusó el entrevistado.
La pregunta de fondo es cómo queda la institucionalidad del país, qué costos traería la falta de gobernabilidad y hasta qué grado sería posible sostener una democracia agrietada por débil legitimidad.
Los referentes de opinión pública no han dudado en advertir que Honduras está bajo amenaza y hay que hacer algo para fortalecer el poder del pueblo y la democracia.
Integrantes de cúpula del Poder Legislativo han reflexionado que el respeto a la Constitución de la República y a la alternancia democrática en el ejercicio de la nación es un principio irrenunciable.
También han subrayado que para Honduras resultaría una fatalidad un "asalto al poder", puesto que las elecciones son el único mecanismo válido para la sustitución de quienes ostentan la administración del Estado.
Los líderes de las iglesias, de la sociedad civil y de órganos de derechos humanos, han exhortado a la clase política a depurar sus acciones, a desojar al país de la "lacra" del crimen organizado y a poner en primer plano los reclamos de las mayorías.
Lo concluyente es que en el país prevalecen la incertidumbre y la inestabilidad con consecuencias insospechadas sobre la vida económica, social y política del país y con mayores daños colaterales para los grupos que siempre han sido discriminados.
