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Tras
el juicio que fue ventilado contra Antonio Hernández, culpable de narcotráfico
y otros tres cargos, las posturas de grupos contrarios se han vuelto
irreconciliables.



Los
grupos que adversan la actual gestión no se conforman con el fallo condenatorio
contra Hernández. Ahora van por la caída del mandatario Juan Orlando Hernández.



A
juicio de tales sectores, Honduras se convirtió en un narco-Estado y - ante lo
que ellos llaman una verdad incuestionable- hay que reorganizar su basamento
legal, mediante una Asamblea Nacional Constituyente.



La
Coalición de la Oposición asevera que en el país prevalece un
"narco-Gobierno" que debe ser sacado del poder y someterlo ante las
autoridades".



Para
el ex fiscal general, Edmundo Orellana, el presidente Hernández se encuentra en
una situación muy "incómoda", por cuanto se le considera la figura
principal al frente de un "narco-Gobierno", lo que le ha llevado a
"aferrarse más al poder, porque sabe que fuera de él sería presa de la
justicia".



El
abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, es del criterio que la
condena contra Antonio Hernández es apenas parte de un problema de mayor
dimensión: "Refleja la existencia de un sistema donde el Gobierno
desempeña un papel para facilitar el tráfico de drogas", acusó el
entrevistado.



La
pregunta de fondo es cómo queda la institucionalidad del país, qué costos
traería la falta de gobernabilidad y hasta qué grado sería posible sostener una
democracia agrietada por débil legitimidad.



Los
referentes de opinión pública no han dudado en advertir que Honduras está bajo
amenaza y hay que hacer algo para fortalecer el poder del pueblo y la
democracia.



Integrantes
de cúpula del Poder Legislativo han reflexionado que el respeto a la
Constitución de la República y a la alternancia democrática en el ejercicio de
la nación es un principio irrenunciable.



También
han subrayado que para Honduras resultaría una fatalidad un "asalto al
poder", puesto que las elecciones son el único mecanismo válido para la
sustitución de quienes ostentan la administración del Estado.



Los
líderes de las iglesias, de la sociedad civil y de órganos de derechos humanos,
han exhortado a la clase política a depurar sus acciones, a desojar al país de
la "lacra" del crimen organizado y a poner en primer plano los
reclamos de las mayorías.



Lo
concluyente es que en el país prevalecen la incertidumbre y la inestabilidad
con consecuencias insospechadas sobre la vida económica, social y política del
país y con mayores daños colaterales para los grupos que siempre han sido
discriminados.

Opositores fuerzan salida de Hernández; oficialismo responde que "asaltar" el poder sería "fatal"

Opositores fuerzan salida de Hernández; oficialismo responde que "asaltar" el poder sería "fatal"

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