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José Insfrán, usando un chaleco antibalas y casco, acudió ante la jueza penal de garantías del crimen organizado Rosarito Montanía acompañado de su abogado, Daniel Lobo.



"Esta magistratura hace lugar al pedido del Ministerio Público de dictar su prisión preventiva", afirmó Montanía al cierre de la comparecencia.



Montanía indicó que Insfrán deberá permanecer en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en Asunción, a la espera de su determinación "con relación al lugar próximo de reclusión".



Insfrán permanece desde el jueves en la Senad, adonde fue enviado por un fiscal después de presentarse junto a su abogado ante la Fiscalía Antidrogas,



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La magistrada subrayó que las autoridades garantizarán la vida y seguridad del detenido.



Antes de iniciar la audiencia, que fue seguida por distintos medios periodísticos, Lobo informó a los periodistas que había presentado un escrito en el que solicita que la jueza "se aparte" del caso y que intervenga otro magistrado contra el crimen organizado.



El jurista argumentó que la funcionaria "tiene motivos y causales de inhibición o de recusación", ya que él la denunció en abril pasado por presunto "prevaricato" tras haber supuestamente ordenado la interceptación de su línea telefónica.



Previo al comienzo de la diligencia, Insfrán volvió a hablar con los periodistas, ante quienes insistió en su inocencia y advirtió que en detrás de su caso "está la mano oculta de la política".



Contra José Insfrán pesaba una orden de captura a raíz del operativo "A Ultranza PY", que tuvo lugar en febrero de 2022 y durante el cual fueron allanadas distintas propiedades y se incautaron bienes valuados en unos 100 millones de dólares, entre ellos embarcaciones, aeronaves, vehículos de alta gama e incluso cabezas de ganado.



A raíz de esa operación, por la que han sido detenidas una veintena de personas e imputadas unas 50, se ordenó la detención, entre otros, de José y Miguel Ángel Insfrán y del uruguayo Sebastián Marset, quien permanece prófugo y es requerido también por la Justicia de Bolivia y Uruguay.



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