El Ministerio Público (MP) ejecutó este martes una serie de allanamientos e inspecciones en Olanchito, Yoro, como parte de una investigación contra una organización ligada en delitos de lavado de activos, asociación para delinquir y narcotráfico.
La operación fue desarrollada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO) en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuyos agentes realizaron cuatro allanamientos de morada y tres inspecciones en la zona céntrica del municipio.
Investigan a organización ligada al narcotráfico en Yoro
Según la información oficial, la investigación surgió a raíz de una denuncia que alertaba sobre la existencia de una organización delictiva activa desde 2020 en esa región.
Este grupo criminal habría incrementado su patrimonio de manera irregular, creando sociedades mercantiles y adquiriendo bienes lujosos pagados en efectivo.
Conexiones con narcotráfico
El MP señala que los sospechosos estarían vinculados con estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
El presunto modus operandi consistía en inscribir propiedades y bienes a nombre de terceros para ocultar su origen ilícito, una práctica común en delitos de lavado de activos.
Acciones continúan
Agentes contra el crimen organizado y técnicos de la ATIC continúan documentando indicios para robustecer la investigación. Los operativos cuentan con apoyo de la Fuerza de Tarea Xatruch, destacada en Tocoa, Colón.
¿Cómo se penaliza el lavado de activos en Honduras?
El delito de lavado de activos en Honduras está regulado por la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014) y por el Código Penal de Honduras, en su artículo correspondiente al lavado de activos.
El Código señala que incurre en lavado de activos quien, por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme o resguarde bienes, recursos o valores que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas.
Para valores de activos iguales o menores a un umbral modesto (equivalente a 70 salarios mínimos): prisión de 6 a 10 años.
Si los activos objeto del lavado están por encima de ciertos montos elevados (superar 120 salarios mínimos, es decir un valor importante), la sanción puede ascender a 15 a 20 años de prisión.
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