El Ministerio Público logró una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado contra tres personas, supuestas integrantes de la banda "Los Copanecos", por el asesinato de Osmar Urbina Reyes, dueño de un autolote en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Los sentenciados por el crimen son Adán Cartagena Matute, Óscar Joel Ortiz Orellana y Krysthian Joan Cartagena Matute, quienes aceptaron su culpabilidad y cumplirán una pena de 15 años de prisión. Además, enfrentarán inhabilitación absoluta y la prohibición de portar armas.

Así fue el ataque a empresario en La Ceiba

El registro del Ministerio Público establece que el crimen ocurrió el 11 de junio de 2025. Ese día, Urbina Reyes permanecía frente al autolote Stacy, ubicado en la carretera CA-13, cuando una camioneta Toyota Runner negra con vidrios polarizados se estacionó frente al local.

Cuatro hombres armados descendieron del vehículo, entre ellos Adán Cartagena Matute, alias “El Sangriento”, y Óscar Joel Ortiz Orellana, conocido como “El Pichunga” o “El Patrón”.

Posteriormente, los sujetos abrieron fuego sin mediar palabra, utilizando pistolas calibre 9 milímetros.

Testigos relataron que “dos de los agresores regresaron para rematarlo antes de escapar”.

Persecución y capturas en La Ceiba

Videos de vigilancia y declaraciones permitieron a la Policía Nacional dar persecución a la camioneta y capturar a cuatro de los ocupantes: Sebastián, Adán, Krysthian y Johann Cartagena Matute.

El cuarto sospechoso no aceptó el procedimiento abreviado y continúa su causa por la vía ordinaria. Todos son originarios de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.

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Aunque el artículo 193 del Código Penal establece penas de 20 a 25 años para asesinatos cometidos con alevosía o ensañamiento, la reducción corresponde a los beneficios del procedimiento abreviado.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

El Poder Judicial explica que este mecanismo permite reducir hasta una cuarta parte de la pena cuando el imputado, junto a la Fiscalía, solicita el beneficio antes del auto de apertura a juicio. La aprobación también requiere el aval de un superior jerárquico del fiscal.

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