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A poco más de un mes de la entrada de un nuevo gobierno, el economista y exfuncionario público Julio Raudales, cuestionó este martes el pago de prestaciones a ministros salientes, señalando que este tipo de desembolsos afectan la estabilidad de las finanzas del Estado.



Raudales, -quien se desempeño como viceministro y ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa durante la administración de Porfirio Lobo (2010-2014)-, recordó que en el Presupuesto General de la República 2014, al igual que en el Decreto 107 de 2021, se establecía que ministros y otros funcionarios podían recibir prestaciones laborales al finalizar su gestión. 



Sin embargo, aclaró que él rechazó recibir estos pagos por recomendación de sus abogados, ya que la Ley de Servicio Civil establece que los altos funcionarios no tienen derecho a este beneficio. 



“Aunque existía un decreto legislativo o acuerdos ejecutivos que permitían estas prerrogativas, la Ley del Servicio Civil tiene rango superior”, y por lo tanto es la que aplica en estos casos, explicó.



El economista enfatizó que la decisión de otorgar estas prestaciones no solo tiene implicaciones legales, sino también éticas y morales. 



“Cuando aceptas un cargo público, lo haces con los derechos y deberes que corresponden, y es fundamental respetar los recursos del Estado. Muchos colegas sí recibieron estos cheques, que en mi caso habrían sido de unos 900 mil lempiras”, señaló.



<h2>Mil millones de lempiras en pago a prestaciones </h2>



Raudales criticó que, recientemente, un decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta pretende garantizar prestaciones a empleados públicos, sumando aproximadamente mil millones de lempiras. 



“Con ese dinero se podrían mejorar la educación, reparar carreteras o financiar programas esenciales. Lamentablemente, se destina a prestaciones que no corresponden según la ley vigente”, indicó.



El economista explicó que la ejecución presupuestaria no siempre coincide con los recursos disponibles, debido a retrasos en préstamos aprobados y recaudación insuficiente, lo que obliga al Gobierno a cubrir estos pagos con deuda pública.



<h3>Advierte sobre impacto en el presupuesto público</h3>



Raudales concluyó que “la opinión pública debería reflexionar sobre la responsabilidad de gastar fondos públicos en prestaciones cuestionables, especialmente cuando las necesidades del país son mayores”.



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