Es un infortunio el que nos ha venido a los hondureños, a causa de la destrucción del bosque y porque las fuentes de agua languidecen rápida e irreversiblemente.
La demanda que expresan los habitantes por la ausencia del vital líquido es desesperada. Se justifica porque este año la época de sequía se ha extendido más de lo previsto y dejado pérdidas en los cultivos, una alarmante baja en el sector acuícola y una alta mortalidad en el sector ganadero.
Los anuncios apocalípticos que parecían inverosímiles, ahora se están cumpliendo cabalmente. Sectores habitacionales cada vez más extensos se han levantado en protesta y en confrontaciones, porque no tienen acceso a agua potable.
Los datos más modestos señalan que no menos de un millón y medio de hondureños no tienen el servicio. Literalmente están muriendo en el desierto.
La tala indiscriminada, los incendios forestales y el descombro infame en zonas de reserva, han agravado el problema del agua. El preciado líquido es cada vez más escaso.
Es una acción suicida, entonces, que sean autorizados proyectos habitacionales en sitios considerados de insustituible importancia por su aporte a la generación de oxígeno y producción de agua. Esto es todo un crimen que estamos pagando caro.
Un ejemplo incontrastable es La Tigra, donde el reclamo de diversos grupos de vecinos y de defensores del ambiente obligó a las autoridades del gobierno local del Distrito Central a suspender los trabajos de urbanización “Bosques de Santa María”.
Es un retrato de la irresponsabilidad de los funcionarios edilicios y del desconocimiento o actuación punible y premeditada del circuito de dependencias a cargo de la protección ambiental y conservación forestal.
Sólo en un país de “liliputienses”, donde prosperan las redes dedicadas a la destrucción del ambiente puede caber la ejecución de obras residenciales en aquellas áreas que son fuente de agua y que constituyen los pulmones de nuestro país.
Una elevada cuenta nos están pasando los daños a enclaves naturales como son los casos del Parque Nacional La Tigra, en la capital, y El Merendón, en San Pedro Sula, también menguado irracionalmente por el desarrollo de trabajos habitacionales y por otras acciones de intervención.
Condenable es la falta de planificación y la indiferencia expuesta por nuestras autoridades frente a las extensas temporadas de sequía, el deterioro de nuestros recursos y, en suma, ante los efectos del cambio climático.
En una medida socorrida, se ha lanzado recientemente una mega campaña de restauración forestal que busca la plantación de 50,000 hectáreas en 2019 y 80,000 hectáreas anuales a partir de 2020.
Resulta ser una iniciativa improvisada que sirve de poco, ya que es tardías y para nada está insertada en una estrategia que debió ser llevada progresivamente en sintonía con la realidad climática del país.
Debemos reaccionar, ponerle un alto a la devastación de nuestro bosque y levantarnos contra los grupúsculos que se han propuesto acabar con nuestro entorno; entre ellos, los políticos cómplices y los inversionistas que han tomado participación en la conspiración contra el patrimonio ambiental.
Nos estamos quedando sin agua. Las lluvias no llegan, en una señal de que poco a poco nos condenamos a vivir en un desierto. ¿No tomamos consciencia, todavía que perecemos?
