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Es
un infortunio el que nos ha venido a los hondureños, a causa de la destrucción
del bosque y porque las fuentes de agua languidecen rápida e irreversiblemente.



La
demanda que expresan los habitantes por la ausencia del vital líquido es
desesperada. Se justifica porque este año la época de sequía se ha extendido
más de lo previsto y dejado pérdidas en los cultivos, una alarmante baja en el
sector acuícola y una alta mortalidad en el sector ganadero.



Los
anuncios apocalípticos que parecían inverosímiles, ahora se están cumpliendo
cabalmente. Sectores habitacionales cada vez más extensos se han levantado en
protesta y en confrontaciones, porque no tienen acceso a agua potable.



Los
datos más modestos señalan que no menos de un millón y medio de hondureños no
tienen el servicio. Literalmente están muriendo en el desierto. 



La
tala indiscriminada, los incendios forestales y el descombro infame en zonas de
reserva, han agravado el problema del agua. El preciado líquido es cada vez más
escaso.



Es
una acción suicida, entonces, que sean autorizados proyectos habitacionales en
sitios considerados de insustituible importancia por su aporte a la generación
de oxígeno y producción de agua. Esto es todo un crimen que estamos pagando
caro.



Un
ejemplo incontrastable es La Tigra, donde el reclamo de diversos grupos de
vecinos y de defensores del ambiente obligó a las autoridades del gobierno
local del Distrito Central a suspender los trabajos de urbanización “Bosques de
Santa María”.



Es
un retrato de la irresponsabilidad de los funcionarios edilicios y del
desconocimiento o actuación punible y premeditada del circuito de dependencias
a cargo de la protección ambiental y conservación forestal.



Sólo
en un país de “liliputienses”, donde prosperan las redes dedicadas a la
destrucción del ambiente puede caber la ejecución de obras residenciales en
aquellas áreas que son fuente de agua y que constituyen los pulmones de nuestro
país.



Una
elevada cuenta nos están pasando los daños a enclaves naturales como son los
casos del Parque Nacional La Tigra, en la capital, y El Merendón, en San Pedro
Sula, también menguado irracionalmente por el desarrollo de trabajos
habitacionales y por otras acciones de intervención.



Condenable
es la falta de planificación y la indiferencia expuesta por nuestras
autoridades frente a las extensas temporadas de sequía, el deterioro de
nuestros recursos y, en suma, ante los efectos del cambio climático.



En
una medida socorrida, se ha lanzado recientemente una mega campaña de
restauración forestal que busca la plantación de 50,000 hectáreas en 2019 y
80,000 hectáreas anuales a partir de 2020.



Resulta
ser una iniciativa improvisada que sirve de poco, ya que es tardías y para nada
está insertada en una estrategia que debió ser llevada progresivamente en
sintonía con la realidad climática del país.



Debemos
reaccionar, ponerle un alto a la devastación de nuestro bosque y levantarnos
contra los grupúsculos que se han propuesto acabar con nuestro entorno; entre
ellos, los políticos cómplices y los inversionistas que han tomado
participación en la conspiración contra el patrimonio ambiental.



Nos
estamos quedando sin agua. Las lluvias no llegan, en una señal de que poco a
poco nos condenamos a vivir en un desierto. ¿No tomamos consciencia, todavía
que perecemos?

¡Perecemos sin agua!