La decisión fue tomada por una comisión ad hoc que se instaló como parte de un proceso administrativo disciplinario que comenzó contra Soria el pasado 16 de noviembre, en base a un pedido de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MinjusDH.
La resolución dispone que el procurador se encuentra exonerado "de la obligación de asistir al centro de trabajo" y de prestar servicio bajo cualquier modalidad, pero remarca que ese medida no afecta su derecho a defensa, remuneración y otros derechos y beneficios que le corresponden como alto funcionario estatal.
Tras conocerse la información, Soria declaró en la emisora RPP que se trata de una "decisión arbitraria" y anunció que utilizará todas "las armas del derecho" para defenderse.
"Es una decisión absolutamente arbitraria que se basa en fundamentos jurídicamente equivocados y que ha tenido su origen en la apertura de un procedimiento disciplinario interno de la institución, que se me notificó el martes", explicó.
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Agregó que a pesar de que aún está dentro del plazo para dar sus descargos se ha ordenado su suspensión, por lo que consideró que "este tipo de situaciones, otra vez, va a debilitar a la Procuraduría General del Estado".
"Eso es una situación absolutamente insostenible en un país que necesita lo contrario, que es reforzar las instituciones de lucha contra la corrupción", dijo.
El pasado 15 de noviembre, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y la exministra de Justicia Ana Revilla por el presunto nombramiento irregular de Soria, ya que considera que no cuenta con los requisitos para ejercer ese cargo.
Soria fue designado procurador general del Estado en febrero de 2020 y permaneció en el cargo hasta enero de 2022, cuando el entonces ministro de Justicia Aníbal Torres anunció la revisión de su nombramiento.
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Fue cesado después de haber denunciado al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) ante la Fiscalía, tras la revelación de las visitas de una empresaria experta en cabildeos al Palacio de Gobierno y de presuntos actos de corrupción en instituciones del Estado.
Sin embargo, en junio pasado la Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó, en segunda instancia, una orden dada por otro tribunal en octubre de 2022 que ordenó su reposición.
En octubre pasado, Soria rechazó otro informe de la Contraloría que reiteró que no cuenta con los requisitos para ser Procurador General y dijo que sospechaba que esto se debía a las numerosas denuncias que ha presentado, entre ellas contra la actual presidenta Dina Boluarte.
La suspensión que ahora le ha aplicado el Ministerio de Justicia se conoció el mismo día en que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público confirmó una suspensión por ocho meses y 15 días, sin goce de haber, del fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela.
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