Para unos, el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), será más de lo mismo; para otros, es la última oportunidad que tiene Honduras para darle una lección a los "delincuentes de cuello blanco".
Todo pasa por allanar el camino de acción de dicha instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que sería instalada en tres o seis meses, un propósito para el cual se ha planteado la reforma de al menos cuatro leyes.
Los personeros de la ONU se encuentran en el país en una tarea de exploración que consiste en conocer los detalles de la solicitud de integración y funcionamiento de la CICIH, las necesidades existentes en Honduras y el contexto de la batalla contra la podredumbre en la gestión pública.
Los delegados especiales del foro mundial permanecerán una semana en territorio nacional para cumplir una agenda de reuniones con funcionarios de los Poderes del Estado, de la Fiscalía, de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones políticas.
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En círculos nacionales y de entidades externas representadas en Honduras, se ha hecho hincapié en que la batalla contra la inmoralidad en el sector público debe ser una prioridad.
De entrada, las autoridades gubernamentales han aclarado que la llegada de la CICIH a Honduras no tiene como objetivo desatar una persecución contra nadie por razones políticas, sino luchar contra la corrupción.
La Embajada de Estados Unidos en Honduras y la representación de la ONU en la capital han destacado que la acometida por el adecentamiento y la rendición de cuentas es una obligación y un trabajo que tiene que ser sólido y sostenido.
El ex fiscal general y asesor presidencial en materia anticorrupción, Edmundo Orellana Mercado, catalogó como "una vergüenza" que en Honduras se haya enquistado la impunidad y que se haya permitido que los deshonestos "hundan sus uñas" en el tesoro nacional.
Éste es el momento de tomar decisiones radicales, porque Honduras se transformó en un "cuartel de élites políticas y económicas que se asociaron para obstaculizar la descontaminación de la administración pública.
Los distintos actores del país han recalcado su confianza en que la presencia de la CICIH sea el inicio de una cruzada frontal contra la corrupción sin las trabas que los mismos políticos pusieron en el reciente pasado para evadir la justicia.
Se recuerda lo que ocurrió con la Misión de Apoyo de la OEA para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Sus propósitos fueron fallidos, porque las redes de los deshonestos boicotearon sus labores de acompañamiento.
Se calcula que la corrupción en el país ocasiona pérdidas por la suma de 3,000 millones de dólares, cerca de 75,000 millones de lempiras cada año.
