La Policía Militar del Orden Público (PMOP), asignada al Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, activó los protocolos de seguridad luego de que un equipo de escaneo corporal (BodyScan) detectara imágenes compatibles con posibles objetos extraños en tres ciudadanas.
El hecho ocurrió después del horario establecido para visitas, cuando las mujeres intentaban ingresar kits de limpieza al centro penitenciario.
Durante el proceso de revisión, los agentes utilizaron el sistema BodyScan, una tecnología diseñada para identificar elementos ocultos en el cuerpo sin necesidad de realizar inspecciones físicas invasivas.
El equipo mostró indicios que alertaron a las autoridades, por lo que la PMOP aplicó los procedimientos correspondientes para verificar la situación y garantizar la seguridad dentro del recinto.
BodyScan: tecnología de seguridad utilizada en cárceles
El BodyScan es un sistema de inspección corporal mediante imágenes que permite detectar objetos o materiales que una persona podría intentar ocultar debajo de la ropa o dentro del cuerpo.
Estos equipos funcionan mediante tecnología de escaneo que genera una imagen del cuerpo y permite a los operadores identificar irregularidades que requieren una revisión más detallada.
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Tras la alerta emitida por el dispositivo en el Centro Penal de Támara, las tres ciudadanas fueron trasladadas a Medicina Forense para realizar las evaluaciones correspondientes.
La Policía Militar informó que el traslado se realizó en cumplimiento de los protocolos establecidos y con el objetivo de continuar el proceso conforme a la ley.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué tipo de objetos fueron detectados ni si las evaluaciones forenses determinaron la presencia de algún elemento prohibido.
Los controles mediante BodyScan forman parte de las medidas de seguridad implementadas en centros penitenciarios para prevenir el ingreso de objetos no autorizados y mantener el orden dentro de las instalaciones.
La revisión tecnológica permite reforzar los filtros de seguridad durante los accesos de visitantes, personal administrativo y otras personas autorizadas para ingresar a los centros penales del país.
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