Pobladores, en su mayoría productores, del departamento de Colón tomaron este lunes indefinidamente el tramo carretero principal que conduce hacia la región, demandando la derogación del decreto 117-2012 que prohíbe la portación de armas.
Los manifestantes establecieron bloqueos en todos los puntos de entrada y salida del departamento, dejando en suspenso la situación hasta que los congresistas respondan a sus demandas.
Mauricio Artica, representante del sector ganadero, explicó a HRN que han agotado el diálogo con diputados y autoridades policiales sin lograr avances en la derogación del decreto.
"Los delincuentes están bien armados, pero los ciudadanos honestos no podemos. No todos tenemos la capacidad para contratar empresas de seguridad privada para proteger nuestras vidas y bienes", enfatizó Artica.
Los productores de Colón sostienen que viven en un ambiente de inseguridad, lo que hace urgente la eliminación de la prohibición de portar armas. Además, Artica recordó que el departamento fue clave para la elección de la presidenta Xiomara Castro, por lo que hizo un llamado a las autoridades para obtener una respuesta rápida.
La situación en Colón refleja un creciente descontento entre los habitantes, quienes buscan mayor protección en un contexto de creciente inseguridad en el país. Esto luego del crimen contra el ambientalista Juan López, quien fue asesinado de varios impactos de bala el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, cuando salía de la iglesia con su familia.
Uso de armas en Colón
El 1 de agosto de 2012, el Parlamento de Honduras aprobó el decreto 117-2012, que reforma por adición el artículo 37 de la Ley de Portación de Armas de Fuego.
La reforma legal suspende el porte de armas en el departamento de Colón, una medida impulsada en el gobierno de Porfirio Lobo ante el aumento de la violencia en la región, que se había visto marcada por más de 50 muertes relacionadas con conflictos agrarios en los tres años anteriores.
El diputado Rodolfo Zelaya, del Partido Nacional, anunció que la prohibición permanecería en vigor hasta que el presidente Lobo decidiera lo contrario.
Analistas han señalado que la medida no ha funcionado en el Aguán, donde la violencia ha dejado más de un centenar de muertos en los últimos diez años.
