Más de 20 condenas por el delito de secuestro y delitos relacionados contra diversos acusados fueron dictadas en 2021 por parte del Poder Judicial, según procesos penales vigentes.
De estas sentencias, seis se han obtenido por procesos seguidos por la Sección Antisecuestros de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), del Ministerio Público, y se logró la condena de doce personas por los delitos de secuestro y secuestro agravado.
A través de un comunicado, el Ministerio Público resaltó la condena a Walter Noel Murillo Izaguirre y Héctor Tejada Hernández, declarados culpables por privar de su libertad al periodista Víctor Manuel Pineda en fecha 30 de agosto de 2017. Los captores solicitaban la cantidad de 600 mil dólares por la liberación de Pineda.
El periodista fue liberado el 23 de septiembre de 2017 en una acción policial dirigida técnica y jurídicamente por el Ministerio Público.
Por otro lado, se dictó una pena de 12 años de prisión por delito agravado contra un menor de edad a Joel Rivera Márquez, quien aceptó su responsabilidad penal mediante un acuerdo de estricta conformidad, de acuerdo con el comunicado.
Así mismo, se condenó a Claudia Gabriela Guifarro Velásquez a la pena de 11 años y 3 meses de prisión por delito de secuestro agravado en contra de un ciudadano de origen costarricense.
Del mismo modo, fueron condenados Sebastián Soto Guzmán y José Abelardo Morazán Trujillo por el secuestro de un ciudadano y José Feliciano Reyes Peña por haber raptado a dos personas, entre ellas, un testigo protegido.
A la vez, fueron condenados Jonny Alexander Carrasco Espinoza, José Francisco García Ordoñez, Yimer José Montes Carranza y Alex Isaac Saavedra por el secuestro de una persona.
Según el comunicado, aún están con procesos penales vigentes siete casos de secuestro que están en espera de ser llevados a juicio oral y público, pero el Ministerio Público solicitará las condenas para los acusados de dicho delito.
Por otra parte, se procesó a siete personas por simular ser víctimas de secuestro, delito que entró en vigencia en el nuevo Código Penal de Honduras en junio de 2021, en su artículo 529, y que estipula que “quien simule ser víctima de secuestro para obtener un interés económico o de otra índole”, dicta el escrito.
