Las luchas políticas y polarización dentro del Congreso Nacional están generando un clima de radicalización entre los hondureños, por lo que la discordia en la política puede trasladarse a la sociedad, advirtió este domingo Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH). Al respecto, afirmó que la radicalización de la población es un reflejo directo de la dinámica en el Congreso. El reflejo del Congreso Nacional posteriormente termina impactando en la ciudadanía. La gente se radicaliza y comienza a adoptar posiciones similares a las que ellos tienen , explicó. Dado lo anterior, el profesional del derecho comparó esta situación en el Congreso Nacional con un partido de fútbol, en el que, si los jugadores pelean, la afición también replicará esos mensajes, generando divisiones entre los ciudadanos. El abogado instó a los legisladores a encontrar acuerdos y dialogar, recordando que deben anteponer el bienestar del país por encima de sus intereses políticos personales. Primero es Honduras, segundo es Honduras y tercero es Honduras, ellos (diputados) no son importantes, ellos son representantes del pueblo, y como tales, deben velar en todo momento para tratar de generar bienestar a la población , subrayó, enfatizando que los diputados son representantes del pueblo y deben actuar en consecuencia. Conflictos políticos y la moción de interpelación De igual manera, Gustavo Solórzano, se pronunció sobre la reciente decisión del partido Libertad y Refundación (Libre) de retractarse de permitir al Partido Nacional (PN) presentar una moción exhortativa en el Congreso Nacional. Lo último que nos quedamos fue en que al Partido Nacional se le iba a dar la palabra, pero luego dijeron 'ya no'. Razones tendrán, pero es importante que las expongan , indicó Solórzano, al resaltar la necesidad de transparencia y claridad en las decisiones que se toman dentro del Legislativo. En ese sentido, Solórzano también hizo hincapié en el artículo 205 de la Constitución de la República, que permite la interpelación de altos funcionarios y otras personas que desempeñan funciones significativas en el Estado. Sin embargo, subrayó que esta facultad no debe interpretarse como un medio para destituir a aquellos nombrados por la Presidenta de la República, Xiomara Castro. En el caso del jefe del Estado Mayor Conjunto, yo sería el primero en oponerme a que el Congreso Nacional quiera destituirlo. La interpelación debe servir para justificar decisiones y no para llevar a cabo destituciones arbitrarias , declaró el abogado. La controversia La discusión sobre la moción de interpelación surge en el contexto de un discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, durante una ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas, donde mostró su respaldo al proyecto de Ley de Justicia Tributaria, impulsado por el gobierno de Xiomara Castro. Este apoyo fue interpretado por sectores de oposición como una violación de la neutralidad que debe caracterizar a la institución militar, conforme a lo establecido en la Constitución. Al respecto, la oposición en el Congreso Nacional ha solicitado la interpelación de Hernández para esclarecer su postura, pero Solórzano ha manifestado que este llamamiento es inadecuado. Según él, el objetivo debería ser comprender las motivaciones detrás de su discurso, que vinculó aspectos políticos lejanos de su función militar. Tensiones con las Fuerzas Armadas Las tensiones en torno a la actuación de las Fuerzas Armadas no son un fenómeno nuevo, pues Luis Redondo, presidente del Congreso, recordó casos anteriores, como el respaldo del exjefe militar René Orlando Ponce a la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, lo que también fue considerado una violación del Estado de Derecho. Redondo sugirió que la actual moción del Partido Nacional busca desestabilizar el gobierno actual, replicando estrategias del pasado.