La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó este jueves la captura de presuntos militares, vinculados al robo de 9 millones de lempiras a un empresario hondureño mediante un falso allanamiento.

Desde las 6:00 a.m., las autoridades policiales iniciaron una serie de allanamientos en la colonia 21 de Octubre de la capital, logrando la ubicación y detención de los uniformados sospechosos.

El modo de operar

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos habrían fingido un allanamiento judicial el 12 de agosto del 2025 en la residencia de un empresario.

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La captura de estos militares la dirigió la Policía Nacional, junto a las FFAA y Ministerio Público.

Utilizando su investidura y equipo oficial, los sospechosos ingresaron a la vivienda para sustraer la millonaria cantidad que estaba en la caja fuerte.

Asimismo, el reporte detalla que los militares se habrían apropiado de diversas joyas y un arma de fuego tipo Glock, serie AGPP24. Una vez obtenido el dinero, los implicados lo cargaron en mochilas y abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

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Proceso judicial en curso

Bajo un fuerte contingente de seguridad, agentes trasladaron a los tres militares a las instalaciones de la DPI en Tegucigalpa. En las próximas horas, el Ministerio Público formalizará el requerimiento fiscal.

A los sujetos se les supone responsables de la comisión de los delitos de: robo con violencia, abuso de autoridad, uso indebido de uniforme, insignias de uso militar y asociación para delinquir

Finalmente, los implicados comparecerán ante los juzgados en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción para su audiencia inicial. En este reconto se determinará su grado de responsabilidad en este acto delictivo.

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¿Qué sanción les aplicarían?

En Honduras, el delito de robo contempla penas de prisión que varían dependiendo de la gravedad del hecho, el uso de violencia o armas y las circunstancias en que se comete.

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A los militares los llevaron a las instalaciones de la DPI en la capital bajo un fuerte resguardo militar y policial.

Además, cuando un militar o miembro de las Fuerzas Armadas comete este delito, enfrenta el proceso penal ordinario. También, recibe sanciones disciplinarias y administrativas dentro de la institución castrense.