La Policía Nacional informó este domingo sobre la captura de un ciudadano de origen mexicano en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, acusado de cometer fraudes en cajeros automáticos de una entidad bancaria.

Según el informe policial, el detenido, de 25 años de edad, habría retirado más de 190 mil lempiras mediante operaciones irregulares realizadas en diferentes cajeros automáticos de la zona norte del país.

Las autoridades ejecutaron la captura en las cercanías de un cajero ubicado en el bulevar del Norte de San Pedro Sula, luego de recibir alertas sobre movimientos sospechosos relacionados con retiros de dinero.

De acuerdo con la Policía Nacional, el sospechoso fue detenido en flagrancia después de que supuestamente realizó extracciones de efectivo en dos puntos diferentes de la ciudad.

“Ya ni necesitan tener las tarjetas clonadas”, explicó una oficial policial al referirse al método utilizado por los presuntos delincuentes para cometer este tipo de fraudes.

Según la información preliminar, el acusado habría utilizado un dispositivo celular para realizar las operaciones.

Sospechoso habría usado un celular para realizar retiros fraudulentos

Las autoridades indicaron que el caso será remitido al Ministerio Público, institución encargada de continuar con las investigaciones y presentar los requerimientos fiscales correspondientes.

La Policía busca determinar si el detenido actuaba solo o si forma parte de una estructura dedicada a cometer delitos financieros utilizando herramientas tecnológicas para acceder a cuentas bancarias.

Estafa y acceso ilegal a sistemas bancarios tienen penas en Honduras

El detenido enfrenta acusaciones por los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, en perjuicio de una institución bancaria.

En Honduras, el delito de estafa puede ser sancionado con penas de prisión que pueden variar según el monto del perjuicio económico, las circunstancias del hecho y la participación del acusado. La legislación contempla castigos más severos cuando existen agravantes o daños importantes para las víctimas.

Asimismo, el acceso no autorizado a sistemas informáticos, como plataformas bancarias o sistemas digitales protegidos, constituye un delito que puede generar penas de prisión y sanciones económicas, especialmente cuando la acción busca obtener beneficios ilícitos o causar perjuicios a terceros.

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