La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, emitió un comunicado dirigido al sector del transporte público, al que advirtió que no permitirá la suspensión del servicio de transporte ni la toma de vías públicas, anunciada para este martes.
La Secretaría señaló que estas acciones violentan la libre circulación y otras garantías constitucionales, reiterando que el derecho a la protesta es reconocido, pero debe ejercerse de forma que no vulnere otros derechos consagrados en la Constitución.
En este contexto, la Policía Nacional afirmó que garantizará la movilidad de la población y actuará con firmeza ante cualquier intento de obstrucción de las vías públicas.
Asimismo, se informó que cualquier acto que restrinja las garantías constitucionales o atente contra la paz y el orden público será sancionado conforme a la ley. Las personas involucradas en estos hechos podrían enfrentar acciones penales, civiles y administrativas.
Entre las sanciones mencionadas, se incluye la posibilidad de detención y la suspensión de los permisos de operación otorgados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
En respuesta, Jorge Lanza, dirigente del transporte, dijo a HRN que mientras el Gobierno moviliza a los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), no se investiga a fondo las redes de extorsionadores que operan en Honduras.
"Desde ayer nos han enviado teléfonos y comunicados exigiendo el pago del impuesto de guerra", denunció Lanza.
En su mensaje, hizo un llamado directo a la presidenta Xiomara Castro para que atienda de manera urgente esta problemática que asfixia al sector. A pesar de las tensiones, Lanza descartó, por el momento, una paralización nacional de las unidades de transporte, al menos hasta recibir una respuesta concreta por parte del Gobierno.
El dirigente también reveló que, según el asesor presidencial, Manuel Zelaya, el comisionado Rafael Barahona es quien está encargado de tratar este conflicto. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica para el transporte, debido a las presiones económicas que enfrentan, tanto de los bancos como de las casas de repuestos.
