Los episodios en los que están metidos líderes y dirigentes políticos, socios económicos y funcionarios de distintos niveles de poder, han impactado las estructuras de nuestro Estado de Derecho.
Las asociaciones ilícitas han penetrado nuestra institucionalidad, socavado nuestro sistema de justicia y restado legitimidad a nuestra democracia.
Nuestro país ha sido sacudido por las redes de corrupción y del crimen organizado, todo lo cual queda evidenciado con la entrega a la justicia estadounidense de personajes de poder político y económico, tildados por sus vínculos con el crimen organizado.
Siempre se ha manejado, a nivel de trascendidos, la virtual conexión entre algunos políticos y grupos ligados con la corrupción y con el trasiego de drogas.
No son pocos los personajes que han figurado en las planillas de distinto signo político y que luego han sido mencionados por haber entrado en arreglos oscuros y pactos sucios con estructuras del delito.
La política hondureña se ha ido contaminando –en mayor o menor grado- de las sucias prácticas de la corrupción, el narcotráfico y delitos similares.
Son nutridos los círculos de políticos, de quienes se afirma, están en sociedad con aquellos personajes que integran las mallas del crimen transnacional.
De ahí que haya crecido la presión de vastos sectores de la hondureñidad, tendiente a que se "ponga ojo" al financiamiento político, en particular en los departamentos donde históricamente han operado los grupos delictivos de alto impacto.
Las instituciones partidarias de nuestro país tienen el desafío de llevar a cabo un adecentamiento de sus filas, con el fin de garantizar que quienes lleguen a cargos de poder tengan una calificación de "intachables", lo que significa que no se ponga en duda su "idoneidad", "rectitud" y "honorabilidad".
Son muchas las lecciones que hay que tomar y aprender de los numerosos episodios que tienen entre sus protagonistas a líderes de la vida política y económica, ligados con quehaceres ilegales.
Se desprenden muchas líneas de reflexión, en tanto la infiltración de redes delictivas tiene un fuerte impacto sobre las instituciones, sociedad, la democracia y el Estado de Derecho de nuestra Honduras.
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