Todos los rubros agrícolas y ganadero han elevado su grito al cielo. Su demanda es que sea declarado un estado de emergencia a la brevedad del caso.
Las cifras preliminares sobre el impacto de la sequía son preocupantes. La mitad de las siembras se ha perdido como resultado de la falta de lluvias. Y es que el período de verano se ha prolongado por ocho meses.
El comportamiento caprichoso de la naturaleza ha hecho mella en diversas actividades productivas, en especial en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Yoro, Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
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En El Paraíso, los daños se cuantifican en 70 por ciento; en Olancho, llegan al 58 por ciento y, en Yoro, los perjuicios generados por la canícula inclemente son un tanto menores.
Los especialistas coinciden en anotar que la crisis que vive el aparato productivo debería de ser una oportunidad para analizar cuáles son las respuestas que hay que plantear para evitar que se repita la actual situación de desastre.
La seguridad alimentaria de Honduras está en riesgo; sin embargo, el Gobierno ha demorado demasiado en declarar emergencia el sector agrícola y ganadero, según lo reiterado por los críticos.
Este juicio de valor tiene sustento, porque los daños desprendidos de la ausencia de precipitaciones ha hecho estragos en forma generalizada en la siembra de maíz, frijoles, arroz, en los renglones del café, en las frutas y verduras, el cultivo de camarones y en la actividad ganadera.
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En este último caso, se sabe que la producción de la leche ha caído en un 20 por ciento sin contar con que el ganado bovino está muriendo por la falta de pasto y agua.
La sequía es la historia de una desgracia compartida en Centroamérica y que está asociada íntimamente con el cambio climático. El Salvador todavía resiente la temporada seca de 2018, cuando se echaron a perder más de 20,000 hectáreas de los principales rubros de granos.
En Guatemala la ruina es grande. Solamente en el primer trimestre de este año ya se habían registrado importantes pérdidas en los cultivos de maíz y frijoles que para entonces habían afectado a un millar de familias en la parte norte de aquel vecino país.
En Honduras, este panorama sombrío tendría que marcar una obligatoria declaración de emergencia y la necesidad de elaborar una estrategia frente a los trastornos climáticos que cada vez son más intensos.
