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Para aliviar las consecuencias de la pandemia del covid 19, son varios los sectores que se han pronunciado para que el Gobierno tome medidas dirigidas a beneficiar a la masa de necesitados.



Los obreros
organizados plantearon esta semana un esquema dirigido a que se congele el pago
de los servicios públicos de agua, luz teléfono y que se prolongue el período
fijado para el cumplimiento de las cuotas de préstamos y de las tarjetas de
crédito.



El Gobierno todavía
no ha dado respuesta a dicha demanda y la banca privada ha reaccionad
parcialmente. En El Salvador, la gestión del presidente Nayib Bukele resolvió
dejar en suspenso el pago de los recibos por el consumo de agua, luz, teléfono
y deudas por el uso de dinero plástico. Este valor será diferido en un período
de dos años.



En Honduras la disposición más relevante es el congelamiento, por tres meses, del pago de capital e intereses que generen los préstamos otorgados con fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).



A inicios de esta semana se anunció, asimismo, un plan para amortiguar el peso de la crisis y salir en rescate de los sectores agrario, turístico y de las pequeñas y medianas empresas.



El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha presentado un pliego de demandas encaminadas a priorizar el restablecimiento de actividades productivas, otorgar una moratoria de tres meses en los impuestos nacionales y municipales y diferir las contribuciones obligatorias al INFOP y al Régimen de Aportaciones Privadas.



Los miembros de la
iniciativa privada también han solicitado que se elimine en 2020 el pago del
Impuesto sobre Distribución de Dividendos y el de aportación solidaria.



Se añade a la solicitud
de la empresa privada la posibilidad de apoyo de emergencia del Fondo Monetario
Internacional para financiar el incremento del gasto fiscal o la pérdida de
ingresos por culpa de la pandemia, calculada en dos por ciento del Producto
Interno Bruto.



Los inversionistas se
han mostrado de acuerdo con que el pago del servicio de energía eléctrica de
marzo y abril sea distribuido en el plazo entre mayo y diciembre.



Organizaciones sociales y económicas han urgido la integración de un solo frente para consensuar medidas que mitiguen el impacto del nuevo virus covid 19. 



Instituciones políticas de la oposición, de su lado, demandaron que se garantice la alimentación y servicios públicos a todos los hondureños mientras dure la crisis y hasta que la misma haya sido superada.



Para ese propósito,
lo que se sugiere es la creación de un fondo de emergencia para la producción,
el establecimiento de una moratoria para préstamos para las empresas afectadas
y la asignación de por lo menos un salario mínimo a las familias más pobres de
las regiones puestas en toque de queda absoluto.



Otro de los puntos incluidos
en las demandas de diversos grupos críticos consiste en un plan económico que
mitigue y estimule la actividad de las empresas y la conservación de los
actuales puestos de trabajo.

Las proyecciones son
negativas: El país podría entrar en estado de calamidad si la crisis sanitaria
se extiende y la pérdida de empleos se vuelve masiva. Esta circunstancia
amerita la planificación de acciones para hacerle frente a la crisis sanitaria.

Por pandemia de covid-19: Presionan sectores sociales por congelamiento en pago de servicios