La abogada Marcela Caro cuestionó este miércoles durante el espacio La Pregunta de HRN las recientes actuaciones del fiscal general, Joel Zelaya, tras la revelación de audios vinculados al caso denunciado por el funcionario Marlon Ochoa.
Caro afirmó que no existe base legal para presentar ese tipo de pruebas sin autorización judicial.
“Aquí no existe una base legal. Recuerde que cuando se va a presentar lo que es una prueba, en este caso sería un audio, tiene que verla antes un juez para ser requerido y aprobado como prueba. Sin una orden judicial usted no puede presentar un audio”, explicó.
La profesional del Derecho enfatizó que los audios “no han pasado el debido proceso” y que la Fiscalía estaría incurriendo en una ilegalidad al admitir material no autorizado por un juez.
“Esto es persecución política y el fiscal es cómplice del Gobierno”
Marcela Caro fue más allá al acusar directamente al fiscal general de actuar motivado por intereses políticos.
“Sabemos para dónde va todo este espectáculo que está dando el fiscal general Joel Zelaya; lastimosamente él está siendo partícipe y cómplice de esta ilegalidad”, declaró.
A su juicio, la Fiscalía está “fuera de orden” y actúa alineada al Gobierno. “Ellos son cómplices directamente de este gobierno porque el fiscal Joel Zelaya lo ha dejado estipulado desde el momento que tomó ese cargo ilegal”, sostuvo.
Caro advirtió que los audios divulgados no tienen valor probatorio alguno al no contar con orden judicial.
“Cuando una escucha telefónica es válida, debe existir un requerimiento de un juez. Si se obtiene ilegalmente, como lo ha manejado la Fiscalía con estos audios, es totalmente ilegal”, señaló.
Caro concluyó indicando que "están asustados porque saben que la única manera de salvarse de la justicia internacional es quedándose a la fuerza en el poder. El pueblo hondureño tiene que estar atento y cuidar las urnas ese 30 de noviembre”.
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Ministerio Público debe contar con autorización judicial
El abogado Ivony Meléndez explicó que el Ministerio Público debe contar con autorización judicial para acceder o divulgar información telefónica privada.
Señaló que ninguna escucha puede usarse como prueba si no ha sido aprobada por un juez, y que las extracciones o filtraciones sin esa orden son ilegales y carecen de valor probatorio.
Meléndez advirtió que Marlon Ochoa necesitaba una orden judicial para intervenir los teléfonos de los señalados.
Finalizó indicando que el fiscal general no debería emitir opiniones públicas sin pruebas certificadas, pues eso implicaría responsabilidad penal.
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