El Ministerio Público (MP) presentó este martes un requerimiento fiscal contra las exjuezas del Tribunal de Sentencias, Sala Tercera: Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora, acusadas de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Las exjuezas enfrentan estas acusaciones en el marco de un conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande, donde se encuentran involucradas una familia y una empresa urbanizadora.
Las imputaciones incluyen presuntas omisiones en la resolución de excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, durante un proceso de disputa de propiedad. Además, se les acusa de haber ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se realizó de forma irregular, afectando los derechos de múltiples familias.
El conflicto inició cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones por falta de acción y nulidad de actuaciones, alegando que la disputa sobre la propiedad debía resolverse en el ámbito civil. Entre las pruebas se incluye una sentencia de casación de 2004 que reconocía los derechos de la familia sobre los terrenos, detalló el Ministerio Público.
En 2010, a pesar de las excepciones no resueltas, el tribunal ordenó el desalojo de las propiedades en Cerro Grande y El Chile. Este operativo, realizado el 3 de julio de ese año, resultó en la demolición de viviendas y el desplazamiento forzado de las familias que habitaban en esos terrenos.
Dos años después, en 2012, el caso pasó a un nuevo tribunal tras una serie de recusaciones. Este tribunal determinó que se había vulnerado el derecho de defensa de los afectados, ya que las excepciones legales no fueron atendidas en el plazo correspondiente.
Finalmente, el 21 de septiembre de 2012, el tribunal resolvió a favor de las excepciones por falta de acción e incompetencia, indicando que el conflicto debía tratarse en el ámbito civil.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha reportado la captura de las exjuezas requeridas; se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles al respecto.
Requerimientos del MP a empleados judiciales
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo a una empleada judicial en Danlí. Se le acusa de falsificar la firma de un cabecilla de una estructura criminal en El Paraíso, facilitando así actividades ilícitas.
En octubre de 2024, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de San Pedro Sula presentó un requerimiento fiscal contra tres empleados del Poder Judicial y un particular, por utilizar una orden de desalojo falsa, lo que constituye un delito de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.
