El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata contra varios exfuncionarios del Gobierno (2018-2022), acusados de causar un perjuicio de más de 63 millones de lempiras al país. Según detalló el MP, esto se debe a la compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de covid 19, ya que fueron recibidos incompletos y sin los accesorios necesarios para su correcto uso. Entre los acusados se encuentran Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión de Contingencias Nacionales (COPECO); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; y varios exfuncionarios de COPECO, a quienes se les señala por fraude y violación a los deberes de los funcionarios. También se ven involucrados en el caso, Christian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Jamil Peña, quienes habrían participado en el fraude señalado y ya fueron capturados. La @PoliciaHonduras captura en dos allanamientos en Tegucigalpa por tener orden de captura vigente por los delitos de Fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración publica, a Alexi Yamil Peña Medina y Clara Lizeth Trejo Moncada. Los… https://t.co/b4Ra2XJsFR pic.twitter.com/qUzrLoDQKM— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) September 23, 2024 Las investigaciones revelan que los implicados aprovecharon la emergencia sanitaria para manipular el proceso de adquisición de estos equipos, ejecutando transferencias bancarias sin la documentación adecuada y omitiendo los procesos de recepción oficiales. En ese entonces, se denunció que varios hondureños morían por falta de oxígeno en los hospitales, los ventiladores comprados permanecen inservibles y almacenados en bodegas. Requerimiento Fiscal por compra irregular de ventiladores durante pandemia del COVID 19 pic.twitter.com/br8kxKeUO0— Ministerio Público (@MP_Honduras) September 23, 2024 Gabriel Rubí ya había sido acusado por compras de carpas La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentó requerimiento fiscal en 2022 contra el exsecretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes y el ex Subsecretario de Salud, Nery Conrado Cerrato Ramírez, por la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al covid en Villanueva, Cortés. El MP indicó en aquel entonces, que en dicho caso se erogaron casi seis millones de lempiras (L.5,560,278.21), pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia; sin embargo, el caso de Rubí quedó en suspenso. Le puede interesar: Envían a prisión a exsecretaria Rocío Tábora por caso hospitales móviles