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Ante la violencia criminal que sufre Honduras, desde hace varios años, la presidenta del país, Xiomara Castro, anunció este viernes un “Plan de solución contra el crimen”, que ordena acciones inmediatas.



El plan fue anunciado por Castro en cadena nacional de radio y televisión, luego de una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).



En un comunicado, Castro señaló que las fuerzas de seguridad “de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado”.



Ante la “situación de emergencia declarada en materia de seguridad se ordena construir de inmediato un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios (este), acondicionando los espacios físicos necesarios propiedad del Estado con el mismo fin, añade la ordenanza



Los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por los crímenes señalados en la resolución de hoy, serán “trasladados de inmediato” al CRE.



El <a href="https://efs.efeservicios.com/texto/violencia-castro-anuncia-plan-solucion-crimen-honduras/55013876572">Consejo de Seguridad </a>también ordenó la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, de quienes se tiene un listado, y establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en barrios de las zonas con mayor incidencia criminal.



También se intensificará la investigación y los operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento, destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.



Criminales serán calificados como terroristas



En un plazo de dos semanas, se deberá iniciar la licitación, adjudicación y construcción de un centro de reclusión en Islas del Cisne (Caribe), anunciado hace varios meses y que ambientalistas rechazan por el daño que sufrirá esa reserva nacional.



El Parlamento hondureño deberá reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a bandas “que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, sean calificadas como terroristas”.



Además, deberá reformar el Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos que cometan, así como “incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes”.



El Legislativo también adoptará medidas para el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y reformará el Código Penal “para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del sistema de seguridad y justicia: policías, militares, jueces y fiscales”.



Otras medidas, como autorizar el uso de brazalete electrónico para la custodia de procesados, y la designación del número de jueces y otro personal que soliciten las fuerzas de seguridad, le corresponderán a la Corte Suprema de Justicia, desde el 17 de junio.



La Fiscalía también designará el 17 de junio el número de fiscales y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar del Orden Público para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia criminal.



El Gobierno que preside Castro puso en marcha en diciembre de 2022 un estado de excepción, parcial, para combatir la criminalidad, que es cuestionado por varios sectores que consideran que no ha rendido los frutos esperados, mientras que las autoridades de seguridad aseguran que sí ha contribuido a reducir los índices de violencia.