En los días que pasan, diversos sectores críticos han exhortado a la población a salir a las calles a pronunciarse y exigir a los politiqueros que honren la promesa de allanar el camino para la llegada, instalación y operación de la CICIH.
Las redes de la impunidad se han vuelto a tejer para hacer que este proyecto fracase como ocurrió con la MACCIH, cuya salida apresurada fue, precisamente, el parto de las estructuras de corrupción que están cimentadas en Honduras.
Debemos darnos prisa a actuar con conciencia crítica y en unidad de cuerpo social, porque si hay una verdad inapelable es que la corrupción y la impunidad son el génesis de nuestro retraso económico y social, de las indignas condiciones de vida de la mayoría de los hondureños, del desdoblamiento de la política en su baja versión de populismo ideologizado y del debilitamiento del Estado de Derecho.
La corrupción es un engendro y es la causa por la cual el país pierde cada año el 12 por ciento de su Producto Interno Bruto. En la década más reciente, la corrupción se incrementó en cien por ciento al pasar de 48,000 millones a 96,000 millones de lempiras.
En ese mismo tiempo, la pobreza escaló desde 64 por ciento a 74 por ciento, amén de que los mismos gobernantes y defensores a ultranza del régimen se rasguen las vestiduras para presentar como una verdad que en un año el diez por ciento de los más necesitados salieron de su estado y ahora viven en la prosperidad.
Los datos plasmados en los estudios y análisis muestran ineludiblemente que la corrupción se ha expandido en la misma proporción en que la pobreza se ha profundizado. En tanto los deshonestos se benefician, los excluidos luchan por sobrevivir en la miseria.
La justicia les ha sido leve a los corruptos en Honduras. Está documentado: de 13 expedientes emblemáticos investigados por organismos locales y de 14 casos presentados durante la fallida presencia de la MACCIH en la gestión anterior, fueron identificados 126 imputados; de éstos, solamente seis llegaron a ser condenados.
Además, se ha establecido que entre 2011 y 2022 un proceso de judicialización en casos de corrupción ha tomado entre ocho meses y hasta cinco años. ¡Impunidad! Los corruptos están blindados en Honduras. Ésta es la realidad que hay que revertir en aras de recuperar el sentido de las instituciones, devolverle la legitimidad al Estado de Derecho, atender la voz inapelable del pueblo y hacer justicia a las víctimas de los infames y perversos corruptos.
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