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Es necesario que se haga una revisión al ordenamiento jurídico para evitar que se paguen prestaciones a altos funcionarios, como los de confianza, afirmó este martes Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).



"Al final de cuentas no son empleos normales (exfuncionarios) en donde se puede hacer una carrera dentro de la Administración pública, sino que son empleos de confianza. Así como los nombra de dedo el presidente, o la presidenta en este caso, así los puede remover, entonces no debería de tener prestaciones", explicó Aguilar a El Informativo del Mediodía, de HRN.



<h2>Equilibrio en pago de prestaciones</h2>



En ese aspecto, Aguilar destacó la importancia de un enfoque equilibrado en el tratamiento de estas prestaciones a exfuncionarios.



"Hay que ver cuál es el enfoque que se le da desde el Congreso Nacional, si es que se llega a discutir y establecer esa prohibición de manera clara y contundente.", expuso Aguilar.



En ese mismo enfoque, detalló que debe revisarse también el caso de los funcionarios o empleados que han hecho carrera en sus cargos para que se les respeten los derechos que se hayan ganado.



"Si bien es cierto, hay muchos funcionarios 'paracaidistas', como se les conoce, pero también hay muchos funcionarios que se les están violentando sus derechos laborales porque llevan una vida trabajando y que están en esa facultad de reclamarlos también", indicó..



<h3>Prestaciones a exfuncionarios de JOH</h3>



El representante de la ASJ también hizo referencia a controversias pasadas, como las acusaciones de pagos indebidos a altos funcionarios al final del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).



"Recordemos que incluso hubo cuestionamientos cuando estaba terminando el gobierno del expresidente Hernández, que se les estaba pagando prestaciones al canciller y a otros altos funcionarios que la ley lo prohibía, ahí hay que ver y revisar también el ordenamiento jurídico en funciones de que no existe una prohibición o si es que se estaba violentando esa prohibición", apuntó.



Y es que según información de El Heraldo, unos 22 funcionarios del gobierno de Hernández recibieron colectivamente alrededor de 31 millones de lempiras en prestaciones, con exfuncionarios como David Matamoros Batson, Enrique Alberto Castellón y Edith Mileyda Copland Domínguez, excomisionados de Conatel, entre otros, recibiendo más de 3.6 millones cada uno.

Sociedad civil pide regulación de prestaciones a altos funcionarios