El Gobierno actual ha planteado la estrategia de despedir a los funcionarios de confianza para privilegiarlos con el pago de indemnizaciones.
Así lo han denunciado diversos sectores que estiman que el impacto de dicho privilegio sería entre 300 y 500 millones de lempiras que vendrán a presionar más las debilitadas finanzas hondureñas.
No es ético ni moral que funcionarios públicos se estén recetando el pago de indemnizaciones a sabiendas que al final del actual período gubernamental deben entregar sus cargos, coinciden en exponer analistas locales.
Expertos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), han condenado que el Gobierno que está por irse esté dañando la institucionalidad jurídica al tomar los recursos del Estado para privilegiar un reducido grupo de burócratas y que, al final, es una carga de todos los hondureños que pagan impuestos.
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Especialistas en Derecho Laboral han estimado que no procede el pago de auxilio de cesantía para los servidores públicos que han corrido a tramitar beneficios laborales al término de su cuestionada gestión.
La ley prevé que el período de funciones públicas es de hasta cuatro años; por tanto, quienes ocupan puestos de confianza conocen muy bien que sus responsabilidades son ejercidas por un tiempo limitado, han explicado los entendidos.
Revertir pago de prestaciones a los altos funcionarios es el compromiso asumido por quienes formarán parte del Gobierno que será inaugurado el 27 de enero.
Es un enorme desafío, porque se ha sentado un mal precedente con repercusiones financieras, económicas, sociales y, además, jurídicas.
Esto ocurre así, porque las prebendas laborales que reclaman los funcionarios abarcan a los ministros en despachos propios o sin cartera, miembros de Juntas Directivas, secretarios generales y otros cargos.
