En un hecho que ha conmocionado al Estado de México, un niño de apenas 5 años fue asesinado luego de que sus captores lo tomaran como 'presa' por una deuda de 1,000 pesos que tenía su madre.

Según los reportes oficiales, el 28 de julio varios sujetos llegaron a una vivienda en Los Reyes La Paz para exigirle a una mujer el pago de un préstamo de 1,000 pesos. Como no tenía el dinero, los agresores decidieron llevarse a su hijo, Fernando, como garantía.

Durante varios días, la madre del menor acudió a una vecindad ubicada en la calle Carmen Cerdán, colonia Ejidal del Pino, donde presuntamente mantenían al niño retenido. Pese a sus súplicas, no se lo devolvieron al no reunir la cantidad exigida.

Fue hasta el 4 de agosto que la madre presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Cuando las autoridades ingresaron al lugar señalado, encontraron el cuerpo del menor sin vida y en estado de putrefacción, oculto en bolsas negras.

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Dos prestamistas detenidos por el crimen

La policía municipal de Los Reyes La Paz logró detener a dos hombres y una mujer, identificados como los presuntos prestamistas responsables del crimen. Las autoridades ya abrieron un proceso penal en su contra.

Este caso ha generado indignación entre la ciudadanía, que exige justicia y mayor control sobre prácticas de préstamos ilegales que muchas veces se tornan violentas.

Más de 600 crímenes contra menores

En México, entre enero y junio de 2025, se han registrado 664 asesinatos de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, una cifra alarmante que refleja la creciente vulnerabilidad de la niñez frente a la violencia.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), México —como Estado parte— tiene la obligación de garantizar la protección y el cuidado necesarios para salvaguardar el bienestar infantil.

El artículo 3 de la CDN establece que los Estados deben asegurar que “las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes”.

Asimismo, el artículo 19 señala que los países firmantes deben adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.

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