Preguntándonos si en tiempos de “vacas flacas”, con pobres indicadores de inversión social y, otra vez, con la soga del endeudamiento y el gasto corriente al cuello, se justifica un proyecto de presupuesto general en los montos que el Ejecutivo, en Consejo de Ministros, aprobó para el año fiscal 2026, lo importante saber es cuáles son las prioridades.

El proyecto del nuevo instrumento fiscal ascenderá a 469 mil millones de lempiras, el más oneroso jamás formulado, un incremento de 8 por ciento respecto al presupuesto del 2025, es decir, un aumento de 38 mil millones.

Y aquí viene la otra “pregunta del millón”: ¿Será un presupuesto orientado a la inversión social, a dinamizar la producción de bienes y servicios, o a la generación de más puestos de trabajo? O cómo ha sido siempre o casi siempre.

Lo mismo de lo mismo. Aumentos anuales promedio de hasta 10 mil millones de lempiras para “engordar” aún más la burocracia estatal.

¿Destinar 40 de cada 100 lempiras recaudados a través de los tributos para aumentarle el salario a funcionarios que ya de por sí ganan arriba de los 250 mil lempiras mensuales?

Por cada lempira que ingresa al fisco, 50 centavos son para sostener la onerosa masa salarial.

Presupuesto general y prioridades en Honduras

La historia nos dice que los presupuestos, como instrumentos de combate a la pobreza y de inversión social, han sido improductivos y, más bien, han servido como mecanismos para sacrificar aún más a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, mientras empodera las estructuras que profundizan las inequidades, robándole las oportunidades de una vida mejor y digna a las mayorías.

De ahí que sean fundamentados los temores del Colegio de Economistas y de organizaciones de sociedad civil como el Fosdeh, de que el proyecto de presupuesto del 2026 aprobado por el Ejecutivo es más de lo mismo.

Una sistemática y repetida reducción en términos reales, de la inversión pública y social, trabas burocráticas y tributarias al inversionista, generador masivo de empleos, y la misma presión de siempre que mete una masa salarial que representa el 25 por ciento de las erogaciones presupuestadas.

Honduras y las circunstancias apremiantes que vivimos, demandan volver a tomar el control sobre el estado de las finanzas públicas, y esto solo será posible a través de un instrumento de presupuesto, coherente, reorientado a lo social, riguroso en la utilización racional de los recursos, y con una visión de largo plazo y de planificación del desarrollo económico.

Un presupuesto general que en lugar de mantener a raya el gasto público, más bien pareciera alimentarlo y robustecerlo, no nos va a servir de nada.

Será nada más un instrumento fiscal atentatorio contra la inversión y la creación masiva de empleos.

Y si ni la inversión pública y rubros vitales y sensibles como la infraestructura, el aparato productivo y los programas de reivindicación social son prioridades en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, pues entonces que Dios nos agarre confesados.

La urgencia es redefinir proyectos de presupuesto en función de las necesidades de los sectores más sensibles e históricamente descuidados y permeados por una inequitativa y concentrada distribución de recursos.

Un instrumento enfocado en las prioridades de inversión en infraestructura, y ya no en alimentar el gasto corriente, la onerosa burocracia y el endeudamiento público.

Es una urgencia nacional reorientar las partidas presupuestarias a la inversión social, y es también urgente -como una hoja de ruta a seguir- que el Ejecutivo, si es que de verdad le ha estado apostando a reducir la pobreza, priorice con sostenibilidad los sectores en los que mejor se derrame el desarrollo social y económico de Honduras.

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