La masa salarial también tendrá un peso enorme en el ejercicio fiscal 2022. Es una constante de las finanzas hondureñas.
El Presupuesto de la República para el año entrante contempla una partida de 60 mil 900 millones de lempiras para el pago de sueldos y salarios de los funcionarios y empleados del Gobierno Central.
Esa cifra es equivalente al nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y es correspondiente con el 52 por ciento de la recaudación tributaria que está proyectada en 115 mil 800 millones en 2022.
Tal y como está planificado, 52 de cada cien lempiras que sean ingresados como pago de tributos serán utilizados para entregar su remuneración a los burócratas.
Los directivos de la empresa privada han cuestionado que el plan de gastos y de ingresos cifrado en más de 308 mil millones de lempiras es muy elevado y difícil de financiar en condiciones excepcionales desprendidas de la pandemia.
Los miembros de la iniciativa privada sostienen que el Presupuesto 2022 se ha elaborado con base en "supuestos" y en proyecciones que resultan demasiado optimistas, porque son inciertas las fuentes de financiamiento.
Economistas independientes han señalado que si el Producto Interno Bruto No crece a una tasa superior a 3.5 por ciento, Honduras enfrentará una mayor presión tributaria que ronda el 17.5 por ciento, una de las más altas en la región.
El anteproyecto que ha sido enviado al Congreso Nacional, señala que para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2022 para la Administración Central, no se consideran nuevas reformas al régimen tributario hondureño, sino que se da prioridad al mejoramiento de las recaudaciones fiscales mediante la ampliación de la base de los contribuyentes y una mayor presencia fiscal.
Analistas del balance financiero de Honduras concuerdan en que el gran desafío del próximo gobierno será poner en marcha una reingeniería que permita establecer un balance entre mayores ingresos y menos gasto corriente.
Para ello, la política fiscal tendría que estar enfocada en la justicia y equidad tributaria, la revisión de las exoneraciones, por cuya causa el Estado deja de recibir unos 44,000 millones de lempiras, y una reducción de los gastos, entre éstos la masa salarial que representa el nueve por ciento del PIB.
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