Es decir, que en el corto período de gobierno del Partido Libre, la partida presupuestaria para el pago de salarios a burócratas, habrá aumentado en casi 10 mil millones de lempiras, lo que es igual a decir, que por cada lempira que ingresa al fisco, 50 centavos son para sostener la onerosa masa salarial.

Incertidumbre y desasosiego en tiempos difíciles que nos orillan a querer saber si el instrumento fiscal del 2024, cuyo monto global asciende a los 406 mil millones de lempiras, el más alto de la historia, estará o no reorientado a la inversión social, a dinamizar la producción de bienes y servicios, a reducir la tremenda e inaceptable mora quirúrgica a través de la contratación de más médicos especialistas, en tiempos en donde más de la mitad de la población hondureña en edad de trabajar, no tiene un empleo.

La historia nos dice que los presupuestos como instrumentos de combate a la pobreza y de inversión social han sido más funestos, y más bien han servido como mecanismos para sacrificar aún más a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, mientras empodera las estructuras que profundizan las inequidades, robándole las oportunidades de una vida mejor y digna a las mayorías.

De ahí que sean fundamentados los temores del Colegio de Economistas y de organizaciones de sociedad civil como el Fosdeh, de que el proyecto que el Ejecutivo ya mandó al Congreso, terminará siendo más de lo mismo: una sistemática y repetible reducción en términos reales de la inversión pública y social, trabas burocráticas y tributarias al inversionista, generador masivo de empleos, y la misma presión de siempre que mete una masa salarial que representa el 25 por ciento de las erogaciones presupuestadas.

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Honduras y las circunstancias apremiantes que vivimos, demandan volver a tomar el control sobre el estado de las finanzas públicas, y esto solo será posible a través de un instrumento de presupuesto, coherente, reorientado a lo social, riguroso en la utilización racional de los recursos y con una visión de largo plazo y de planificación del desarrollo económico.

Un presupuesto general que en lugar de mantener a raya el gasto público, más bien pareciera alimentarlo y robustecerlo, no nos va a servir de nada. Será nada más un instrumento fiscal atentatorio contra la inversión y la creación masiva de empleos.

Y si ni la inversión pública y rubros vitales y sensibles como la infraestructura, el aparato productivo y los programas de reivindicación social, son prioridades en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, pues entonces que Dios nos agarre confesados.

¿Están redefinidas las partidas presupuestarias en función de la importancia que tienen los sectores más sensibles e históricamente descuidados y permeados por una inequitativa y al mismo tiempo concentrada distribución de recursos?

¿Será esta vez una prioridad la inversión en infraestructura, o se seguirán drenando los fondos a alimentar el gasto corriente, la onerosa burocracia y el endeudamiento público?

Es claro que se necesita corregir los entuertos cometidos al orientar las partidas presupuestarias al gasto, en desmedro de condiciones sustanciales, pero es también urgente -como una hoja de ruta a seguir- que el Ejecutivo, si es que de verdad le está apostando a reducir la pobreza, priorice con sostenibilidad, los sectores en los que mejor se derramará el desarrollo social y económico de Honduras.

No se vale ya que el pueblo siga siendo víctima de las visiones economicistas y cortoplacistas que nos heredaron presupuestos elaborados y formulados sin visiones integrales y sostenidas del desarrollo.

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