El escenario nacional ha subido de temperatura. Está en turbulencia la actividad política del país, en lo que se considera una mezcla de problemas relacionados con la legitimidad, gobernabilidad y una pérdida de confianza de la población. En este tumultuoso ambiente se ha revivido el asunto de la Asamblea Nacional Constituyente y el debate alrededor del voto revocatorio y el reconocimiento del poder de las mayorías, lo que resulta más insustancial que provechoso. Lo que es cierto es que no se está procediendo de conformidad con las circunstancias o, al menos, son muy limitadas las acciones tomadas para fortalecer la gobernabilidad y reducir la brecha socio económica entre los pudientes y los necesitados. Las fisuras que dejó la crisis política de 2009 y las que provocó el proceso de reelección en 2017 no han podido ser cerradas. Hay una hendidura que impide que los hondureños nos pongamos de acuerdo. Unos, piensan que todo marcha bien en la Administración del Estado; otros, afirman que el futuro de Honduras debe ser labrado sobre una revolución política; algunos más, se atreven a apostar por el replanteamiento de un pacto político, social y económico. La pregunta es si todas estas opciones son válidas, si los grupos de derecha tienen la razón o los sectores de izquierda son la respuesta para la Honduras dividida, empobrecida y -por si fuese poco- tildada en el exterior como una nación donde el crimen organizado se infiltró en las instituciones en sus distintos niveles. Sobre lo que hay que razonar es que esta Hibueras se convierte poco a poco en jirones. Los grupos en pugna se desgarran las vestiduras, cada uno en defensa de lo que pregonan como su verdad absoluta . Nadie parece darle importancia a los intereses colectivos ni a los reclamos de las mayorías que sufren los golpes de la inestabilidad política, la desaceleración económica y el deterioro social. Hemos invertido nuestras prioridades. La clase política no ha entendido todavía que el bienestar general de los hondureños pasa por la demostración de una verdadera voluntad, un compromiso sincero con las mayorías desprotegidas y por una visión clara para construir un plan de país.
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