No es minúsculo el desafío a que se enfrentan los funcionarios que han sido nombrados en los nuevos órganos creados para fortalecer la institucionalidad electoral del país.
Los representantes de los partidos Nacional, Liberal, Libre, Democracia Cristiana y Alianza Patriótica que han tomado las riendas en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, tanto en su condición de titulares, como en su calidad de suplentes, tienen una misión sin precedentes.
Tanto los consejeros como los magistrados que conforman la nueva plataforma comicial han asumido la obligación de establecer los códigos democráticos y las bases institucionales que eviten una nueva crisis política.
El cometido ineludible de los ciudadanos que han recibido el voto de aprobación de los diputados de la Cámara Legislativa es el de garantizar la legitimidad y la transparencia de las justas electorales, así como la construcción de los consensos que son indispensables en la convivencia armónica de las fuerzas políticas de la nación.
Entre algunos sectores ha quedado un sabor amargo después de este proceso que ha culminado en virtud de los acuerdos políticos a que arribaron los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación, las principales fuerzas políticas del país.
¿Fue una simple repartición de cargos? A despecho de quienes han tomado para sí esta aseveración, hay sectores mayoritarios que destacan el hecho que el Consejo Nacional y del Tribunal de Justicia Electoral han sido constituidos sobre un equilibrio en la representación de las divisas políticas con el mayor peso democrático.
Y desde este principio es que aspiramos a que se abran las avenidas para consensuar las reformas alrededor de temas sensibles como son la segunda vuelta electoral, el referendo revocatorio y las consultas participativas que son la máxima expresión del poder y de la voluntad del pueblo.
Lo que existe ahora es una débil representación de los sectores populares, los viciados procesos electores y un bajo nivel de confianza de la población en el sistema democrático politiquero y no incluyente.
Los políticos no han sido capaces de sujetarse a un acuerdo para conformar instituciones electorales independientes y transparentes. En esta nueva etapa que descansa sobre el Consejo Nacional y el Tribunal de Justicia Electoral, aspiramos a una verdadera profundización de la democracia y una genuina y amplia participación del pueblo.
