El Gobierno de Honduras oficializó la declaratoria de estado de emergencia por sequía en 75 municipios del país, luego de la publicación del Decreto Ejecutivo PCM-016-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, edición número 37,224, correspondiente al miércoles 19 de agosto de 2026.
El decreto, aprobado por el presidente Nasry Asfura en Consejo de Secretarios de Estado, establece una serie de medidas para atender los efectos de la sequía meteorológica y del fenómeno de El Niño, principalmente sobre la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
La emergencia fue declarada inicialmente para 75 municipios ubicados en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, identificados por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) como afectados por las condiciones climáticas.
¿Qué establece el decreto de emergencia por sequía?
El documento señala que las condiciones climáticas registradas durante 2026 se han caracterizado por un ambiente más cálido y seco de lo normal, asociado con la transición hacia un evento moderado de El Niño, cuya intensidad ha aumentado desde junio.
El retraso en el inicio de la temporada lluviosa también ha provocado déficits acumulados de precipitación que afectan la disponibilidad de agua para diferentes usos, incluido el consumo y la producción animal, situación que incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria.
De acuerdo con el decreto, CENAOS servirá como base técnica para determinar si nuevas zonas del territorio nacional deben ser incorporadas a la declaratoria.
Esto significa que otros departamentos, municipios o sectores podrían quedar incluidos si los informes técnicos establecen condiciones de sequía, déficit hídrico u otras afectaciones que requieran intervención estatal.
La medida también toma en cuenta que, según el documento oficial, 147,658 hogares podrían resultar potencialmente afectados dentro de los 75 municipios incluidos en la emergencia.
Crearán un plan integral para atender la sequía
Como parte de la respuesta gubernamental, el decreto ordena a COPECO, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y las demás instituciones que integran el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, poner en ejecución un Plan Integral de Gestión de la Sequía.
Este plan contempla acciones de prevención, mitigación, preparación, anticipación y respuesta, además de definir las responsabilidades de las instituciones involucradas y los mecanismos para coordinar las intervenciones en las comunidades afectadas.
Entre las instituciones que forman parte del comité se encuentran COPECO, SAG, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Salud, Sedesol, Desarrollo Económico, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), ICF, Pronaders y Banasupro.
También podrán participar agencias de Naciones Unidas, la Red Humanitaria de Honduras y organizaciones de sociedad civil cuando sea requerido.
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Atención a productores y seguridad alimentaria
El decreto establece que la SAG deberá priorizar la atención de los pequeños y medianos productores, mediante asistencia técnica, incentivos productivos y promoción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente.
Las medidas también contemplan mejorar el aprovechamiento del agua, conservar los suelos, impulsar infraestructura para almacenamiento y cosecha de agua, así como fortalecer los sistemas de riego para aumentar la capacidad de respuesta del sector agropecuario ante la sequía.
De manera conjunta, las instituciones deberán ejecutar acciones orientadas a garantizar la disponibilidad y acceso a alimentos, agua, saneamiento básico, salud y nutrición en las zonas afectadas.
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Finanzas podrá reorientar recursos
Uno de los puntos establecidos en el decreto es la instrucción a la Secretaría de Finanzas para realizar las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y contables necesarias para garantizar recursos destinados a enfrentar la emergencia.
El documento faculta a Finanzas para reorientar recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República durante la vigencia del decreto y gestionar fondos de cooperación internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Los recursos deberán dirigirse a componentes relacionados con agua, saneamiento e higiene; producción agropecuaria y medios de subsistencia; seguridad alimentaria y nutricional; salud, además de otros sectores que resulten afectados de acuerdo con las evaluaciones correspondientes.
Autorizan contrataciones directas
Otro de los aspectos contemplados en el PCM-016-2026 es la autorización para que las instituciones habilitadas puedan realizar contrataciones directas destinadas a atender las necesidades generadas por el estado de emergencia.
Sin embargo, estas adquisiciones deberán cumplir con mecanismos de control y transparencia. Las contrataciones tendrán que ser notificadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dentro de los 10 días hábiles posteriores a su formalización.
El decreto también establece que estos procesos estarán sujetos a supervisión, rendición de cuentas, publicidad y legalidad, mientras que la información relacionada deberá ser de acceso público.
La emergencia tendrá una vigencia de 120 días
El Decreto Ejecutivo PCM-016-2026 tiene ejecución inmediata y establece una vigencia de 120 días calendario, contados a partir de su fecha.
El documento fue emitido en Tegucigalpa el 18 de agosto de 2026 y ordena su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, donde finalmente apareció en la edición del 19 de agosto.
Durante este período, el Comité Técnico Interinstitucional deberá mantener un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y sus efectos sobre las fuentes de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
Los informes técnicos permitirán al Gobierno evaluar las medidas adoptadas, priorizar nuevas intervenciones y determinar si otras zonas del país deben incorporarse a la emergencia.
