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El
asesinato de privados de libertad, peor aún si estos hechos ocurren en el
interior de las cárceles de máxima seguridad, no puede seguir siendo tolerado,
a juicio de expertos en seguridad.



Tales
eventos colocan a Honduras en el centro de los cuestionamientos más severos, han
afirmado sectores críticos en torno a los más recientes hechos sangrientos ocurridos
en Ilama, Santa Bárbara, y Morocelí, El Paraíso.



El
asesinato de Magdaleno Meza, consumado en El Pozo I, tiene una connotación
especial dado que a este sujeto se le investigaba por su implicación en el
narcotráfico y su presunta condición de socio de Antonio Hernández, hermano del
mandatario, Juan Orlando Hernández.



Analistas
y miembros de organismos de Derechos Humanos se han preguntado:¿Cómo es posible
que no se le haya garantizado la vida a este hombre, de quien se había afirmado
tenía en su poder libretas y otros documentos que presuntamente describían las
actividades de Hernández en el trasiego de drogas?



Otra
interrogante ha surgido: ¿Enviaron a este sujeto a la jauría de lobos para que
lo destrozaran y no pudiese revelar información importante acerca de la
movilización del crimen organizado en el país?



Como
se sabe, la defensa de Meza había solicitado a las autoridades el traslado de
su representado por considerar que su integridad corría riesgo; sin embargo,
las autoridades no adoptaron determinación alguna en torno a dicha
petición.&nbsp; 



Funcionarios
del Gabinete de Defensa y de Seguridad han declarado que el gobernante
Hernández ha solicitado al Ministerio Público una investigación profunda,
porque hay razones para sospechar que la muerte de Meza fue dirigida por
interés de los narco-testigos. 



Según
se ha hecho traslucir en fuentes gubernamentales, el reo ajusticiado estaba en
condiciones para demostrar la "falsedad" de la libreta utilizada como
evidencia en el juicio en Nueva York.



Con
todo, un criterio dado a conocer por el Observatorio de la Violencia enfatiza
que la intervención de los recintos de máxima seguridad, ubicados en Santa
Bárbara y en El Paraíso, es un "show" para "aplacar el vendaval desatado".



El
traspaso del aparato de vigilancia de los "Pozos I y II" a la Fuerza
de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), es una simple acción repetida, porque
en el reciente pasado los anillos externos habían estado en manos de ese grupo
élite.



Lo
medular es conocer cómo se administra el sistema penitenciario, cómo se definen
los criterios de envío de los procesados y condenados a tal o cual cárcel.



En
opinión de instituciones independientes, es notoria la debilidad de la
estructura penitenciaria y, ante tal circunstancia, el Gobierno demora en
remover de sus cargos a los burócratas que están al frente de la gestión del
sistema carcelario que ya probaron su ineficiencia. Todo se limita a declarar
emergencias de "fachada".&nbsp; 



El sistema carcelario hondureño
siempre ha estado sumido en el caos. La gobernabilidad la han tomado para sí
los criminales privados de libertad.



Todo ha seguido así. Se
recuerda que en noviembre del año pasado entró en operación el grupo élite
bautizado como Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, cuyos
agentes habían sido comisionados para "blindar" los recintos de
máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y Morocelí, El Paraíso.



Se informó que el cuerpo
especializado estaría a cargo del componente tecnológico; es decir, de ejercer
un estricto control de los ingresos y salidas de "El Pozo" y "La
Tolva" y que el resguardo interno correría siempre bajo la responsabilidad
del Instituto Nacional Penitenciario, mientras los anillos externos permanecerían
en manos de FUSINA.



¿Qué pasó, entonces, con el
blindaje de las cárceles, sobre todo de los módulos de extrema vigilancia?

¿Qué pasó con blindaje de cárceles? ¿Es la intervención de Pozos I y II un "mero espectáculo" para ocultar asesinatos "selectivos"?

¿Qué pasó con blindaje de cárceles? ¿Es la intervención de Pozos I y II un "mero espectáculo" para ocultar asesinatos "selectivos"?

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