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Equipos de la Unidad Nacional Anti-Secuestro de la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), ejecutaron la captura de Gerardo Enrique Galeano Hernández, comerciante y administrador de empresas, originario de San Pedro Sula, acusado del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista.



La orden de captura fue emitida el 29 de agosto de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, bajo el expediente 0801-2025-375, instruyendo a las fuerzas de seguridad su inmediata detención y puesta a la orden judicial correspondiente.



<h2>¿Qué plan habría trazado empresario?</h2>



Según las autoridades, Galeano Hernández, de 54 años, casado y residente en la colonia Campisa, junto a otras personas, presuntamente planificaba asesinatos contra altos funcionarios durante una marcha organizada por un grupo determinado, con el objetivo de generar terror y pánico en la población.



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://wp.radiohrn.hn/wp-content/uploads/2025/09/Diseño-sin-título-2025-09-02T082416.786-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-509406"/></figure>



De acuerdo con otras investigaciones, Galeano Hernández, en conjunto con Antonio David Kattán Rivera (actualmente con prisión preventiva), habría difundido audios en los que incitaban a “parar el país” y planificaban un supuesto atentado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, con la intención de provocar la caída del actual gobierno, alterar el proceso electoral de 2025 y poner en riesgo el orden constitucional, la paz y la democracia del país.



En la misma trama también estarían involucrados Perfecto Jesús Enamorado Paz y Arcadio Corrales Estrada, quienes, mediante mensajes de texto, habrían expresado su intención de infiltrarse en manifestaciones del partido de gobierno para asesinar a cinco simpatizantes y mostrado armas de fuego que serían utilizadas en los hechos ilícitos.



Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron obtener auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de los implicados.



<blockquote class="twitter-tweet">MP con el apoyo de DPI ejecuta la captura de ciudadano acusado de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista <a href="https://t.co/9XTYXUGTMP">pic.twitter.com/9XTYXUGTMP</a>— Ministerio Público (@MP_Honduras) <a href="https://twitter.com/MP_Honduras/status/1962707484755255483?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



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<h3>Casos recientes de acusaciones por terrorismo</h3>



En agosto de 2025, el Ministerio Público anunció la detención de tres personas —Arcadio López Estrada, Perfecto Paz y David Kattán— por cargos de terrorismo e intento de asesinato. 



Según la Fiscalía, estaban planificando un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya y buscaban derrocar al gobierno de Xiomara Castro, además de sabotear las elecciones generales de 2025. 



Durante una rueda de prensa, el fiscal general Johel Zelaya afirmó que la conspiración tenía el fin de “paralizar el Estado, alterar el orden constitucional e impedir la realización de las elecciones del 30 de noviembre". 



Se presentaron audios como pruebas, incluyendo uno donde un acusado dice: “Todo se arregla matando a ese hijo de la gran puta de Manuel Zelaya".



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://wp.radiohrn.hn/wp-content/uploads/2025/09/Diseño-sin-título-2025-09-02T082309.355-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-509405"/></figure>



En Honduras, el magnicidio —es decir, el asesinato de un alto funcionario del Estado, como el presidente, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, diputados, entre otros— no aparece literalmente con ese nombre en el Código Penal, pero está tipificado y penalizado dentro de las figuras de homicidio y asesinato agravado.



El artículo 193 establece que el asesinato agravado se castiga con 30 a 40 años de prisión, de acuerdo al Código Penal.



Entre las circunstancias que agravan el homicidio están: cuando la víctima sea una autoridad pública o funcionario en ejercicio de sus funciones, o si el crimen se comete con la intención de alterar el orden constitucional o afectar la estabilidad del Estado.



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¿Qué plan habría trazado el empresario capturado por terrorismo contra Mel Zelaya, según el MP?

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