La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció la noche de este domingo en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el "grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial", en referencia a lo acontecido con el juez Marco Antonio Vallecillo, excoordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción al que se le dictó detención judicial por suponerlo responsable de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Al respecto, la mandataria hondureña resaltó que "durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de injusticia en Honduras", por lo que confía que este caso -que involucra a dos personas más- culmine con los implicados sentenciados en base a la ley.
"Confío en que se investigue y se descubra la verdad, y que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie", precisó la presidenta Castro.
De esa forma -continuó Xiomara- se podrán desarticular las "redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional".
Caso de corrupción en el Poder Judicial
El fiscal general, Johel Zelaya informó el sábado en su cuenta de X (antes Twitter) que ordenó la aprehensión de un juez que utilizaba su nombre y el de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) para extorsionar a investigados por el delito de corrupción, a quienes les ofrecía cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas.
Posteriormente, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que se trataba del juez Marco Vallecillo, quien hasta entonces fungía como coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, por lo que fue capturada junto a su chofer en el mismo día.
Este domingo, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra los tres presuntos implicados, quienes son el juez en mención; Reinaldo Leiva Suazo, abogado de la víctima; y Nelson Omar Sierra Flores, amigo de los dos imputados.
Según la investigación, los acusados habrían presionado al testigo protegido del Ministerio Público -quien presentó la denuncia- con amenazas de que la UFERCO le presentaría un requerimiento fiscal.
Es así que estos aseguraron que podrían excluirlo del caso y, para dicho fin, estos habrían utilizado el nombre del fiscal general, con el fin de generar mayor presión y, además, para que el afectado les entregara tres millones de lempiras.
Por lo anterior, Marco Vallecillo y Nelson Sierra fueron capturados y, en audiencia de declaración de imputados, se les dictó detención judicial con prisión preventiva, mientras que Leiva Suazo continúa prófugo de la justicia.
Al respecto, el juez Marco Vallecillo asegura ser inocente, mientras que su abogado defensor, Fran Galo, señaló que tienen los medios probatorios para comprobar la inocencia del implicado.
