Según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) la crisis energética en Honduras no se resolverá de la noche a la mañana, y el gobierno que tome posesión el 27 de enero de 2026, heredará ese flagelo que vive el país.
Mediante un análisis de Kevin Rodríguez, experto en materia energética de la ASJ. “independientemente quién gane las elecciones, este problema lo van a heredar los siguientes gobiernos, ya que necesitarán trabajar en un plan energético que sea unificado y que resuelva los problemas”.
En los países en desarrollo, como Honduras, que tratan de mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población, el papel de la energía es fundamental, es imposible el desarrollo social, sin el suministro continuo de energía y a precios competitivos.
En 2023, Honduras vivió la peor crisis de racionamientos de energía no vista desde 1994 y esa situación no mejoró en 2024.
Las interrupciones del suministro eléctrico son el principal obstáculo para el crecimiento económico del país ya que dejan pérdidas superiores al millón de dólares diarios, a pesar de que el Gobierno de Honduras anuncio la renegociación de contratos desde el 2022, estas adendas no fueron enviadas al Congreso Nacional sino hasta en mayo de 2024, privando a la población hondureña de una rebaja desde el 2023.
En materia de pérdidas técnicas y no técnicas Honduras sigue teniendo el nivel más elevado de Centroamérica, con pérdidas diarias de 40 millones de lempiras, a pesar de las grandes asignaciones presupuestarias otorgadas a la ENEE y la contratación masiva de personal.
En 2024 también se alcanzó el costo por kilovatio hora (kWh) más elevado de los últimos 8 años, y que a pesar de los congelamientos establecidos por el gobierno central, tenemos una tarifa más elevada que hace 3 años; se requiere de contrataciones de energía altamente competitivas y transparentes que permitan la estabilidad en las tarifas, es necesaria, ya que las familias hondureñas destinan un porcentaje significativo de sus ingresos al pago de este servicio, y permite que las empresas mantengan costos operativos más predecibles, favoreciendo la competitividad en sectores como la manufactura y la agroindustria.

