Las autoridades hondureñas confirmaron este miércoles la captura de Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), hoy conocida como Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
¿Quién es Eva María Vásquez?
Su detención forma parte de una operación judicial en curso contra una presunta red de corrupción estatal que habría saqueado más de 3 mil millones de lempiras mediante contratos irregulares y desvío de fondos públicos, según el Ministerio Público.
Vásquez Villanueva se suma a una lista de detenidos que incluye al actual diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez y a cuatro personas más, todos señalados por el Ministerio Público (MP) de integrar una estructura criminal que operó al interior de varias instituciones públicas, especialmente en el contexto de la reconstrucción del país tras el paso devastador del huracán Mitch en el año 2000.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados se habrían beneficiado ilícitamente de recursos destinados a obras de infraestructura y desarrollo comunitario, aprovechando su posición de poder para manipular procesos y desviar fondos estatales en beneficio propio.
El caso ha sido calificado por las autoridades como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años.
El Ministerio Público ha asegurado que el proceso sigue abierto y que ya se perfilan nuevas capturas, con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los involucrados en lo que describen como una “mafia institucional” con conexiones en distintos niveles del Estado.
Defensa de Nelson Márquez denuncia violaciones al debido proceso
El abogado Ricardo Vázquez, defensor del diputado nacionalista Nelson Márquez, exigió su libertad inmediata al denunciar graves irregularidades en el proceso judicial. Afirmó que se han violado garantías fundamentales y cuestionó la motivación política del caso, al considerar que busca debilitar a la oposición.
Otros acusados
Además de Nelson Márquez y Eva María Vásquez Villanueva, el requerimiento fiscal incluye a exfuncionarios como Lidia Cardona y Martha Doblado.
También se acusa a los jueces Irissabel Miranda y Raymundo Gradiz, quienes ignoraron la nulidad del laudo para ordenar pagos ilegales.
Las investigaciones revelan que parte del dinero defraudado fue depositado en cuentas personales de los implicados, evidenciando un esquema prolongado y sistemático de corrupción.
Cronología del supuesto defalco millonario
En el contexto de los hechos el Ministerio Público explica que en el año 2000, tras el paso del huracán Mitch, el Estado de Honduras adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras.
Así subcontrató presuntamente de forma irregular a la empresa NAINSA, según el MP. Los proyectos se realizaban con fondos de cooperación internacional.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato. Años después, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, supuestamente remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una erogación mayor, de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP
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