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El Ministerio Público ejecutó este viernes allanamientos en varias viviendas de Olanchito, Yoro, como parte de una investigación contra una familia conocida como los “Perros Mochos”, presuntamente vinculada al tráfico de drogas y al lavado de activos.



La acción se ejecutó a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).



De acuerdo con el comunicado del MP, las acciones se centraron en propiedades relacionadas con Miguel Antonio Rodríguez Martínez y dos hermanos, quienes operan una red de narcotráfico con rutas hacia San Pedro Sula, Cortés y Olancho, según las investigaciones.



Detectives de la DLCN detallaron que los Rodríguez trabajan para el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, actualmente condenado por lavado de activos, "comenzando así en el trasiego de drogas", señala el comunicado.



"En la actualidad se les vincula al lavado de activos con las ganancias ilícitas obtenidas, dinero que inyectan en varias sociedad mercantiles, entre ellas distribuidora de concentrados ALCON, una gasolinera, empresas de transporte urbano y de ganado", informa el Ministerio Público.



Este crecimiento patrimonial acelerado es uno de los principales indicios de blanqueo de capitales, según el expediente investigativo.



Además, en el caso figura un subinspector activo de la Policía Nacional, investigado por tráfico de armas prohibidas y por supuesta colaboración con esta estructura criminal que opera a lo largo del corredor norte y nororiental del país.



La investigación se originó tras una denuncia presentada el 9 de enero de 2018, donde se detallaron los movimientos sospechosos de esta familia.



Durante los allanamientos, los agentes buscan recolectar evidencias clave para sustentar los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.



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<h4>Penas conforma a ley </h4>



La acción penal se basa en el artículo 311 del Código Penal hondureño, que sanciona con penas de 4 a 10 años de cárcel y multas de hasta 500 días a quienes siembren, transporten, comercien o de cualquier forma faciliten el tráfico de drogas.



Adicionalmente, las autoridades investigan el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 439, el cual establece penas agravadas si los fondos ilícitos provienen del narcotráfico y si la operación se realiza mediante un grupo delictivo organizado. 



En caso de que los responsables sean cabecillas, funcionarios públicos o profesionales del sistema financiero, las penas se incrementan con inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de prisión.



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