La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado contra Christopher Jair Velásquez Irías, hallado culpable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
El imputado, que deberá cumplir una pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta durante ese tiempo, también fue condenado al pago de una multa de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil lempiras (L1,655,000.00).
Según las investigaciones, Velásquez Irías se hizo pasar por fiscal del Ministerio Público y aseguró ser persona de confianza del fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez.
Bajo esa fachada, logró engañar a los propietarios de una agencia aduanera, a quienes convenció de que existía una denuncia por contrabando supuestamente presentada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Durante varias reuniones, el sentenciado mostró documentos falsos y afirmó que, con o sin pruebas, el Ministerio Público procedería a presentar una acusación formal.
Para evitar el escándalo mediático y una supuesta acción legal, exigió el pago de ciento cincuenta mil lempiras (L150,000.00).
Las víctimas, presionadas psicológicamente y temerosas de las consecuencias, accedieron a entregar el dinero el 8 de octubre de 2024.
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Procedimiento abreviado
En noviembre de 2024 el mismo fiscal general informó que había ordenado la captura del ahora sentenciado.
El caso se resolvió mediante procedimiento abreviado, una figura legal del Código Procesal Penal que permite reducir hasta un 25 % de la pena si el imputado acepta su responsabilidad antes de la apertura a juicio.
Para aplicarse, debe haber una solicitud conjunta entre el imputado y el Ministerio Público, y ser autorizada por un superior jerárquico fiscal.
En delitos de extorsión, cuya pena puede variar entre 15 y 20 años, el uso de este mecanismo procesal redujo la condena de Velásquez Irías a una década tras las rejas.
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