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<ul><li>Esta suma es la que Honduras pagó de más por la
adquisición de los hospitales. ¿En qué manos quedó esa cantidad de dinero, en
qué bolsillos fueron a dar todos esos recursos que estaban destinados a cubrir
las necesidades del sistema sanitario colapsado por los pacientes que buscan
asistencia, pero que no encuentran espacio en los hospitales?</li></ul>



El precio de cada hospital móvil que fue adquirido por INVEST-Honduras fue sobrevalorado en dos millones de dólares, que -a la tasa de cambio- representan 50 millones de lempiras.



Éste es el principal hallazgo de la auditoría efectuada por la Asociación para una Sociedad más Justa, a propósito de la turbia compra de siete hospitales a un costo de 48 millones de dólares, más de 1,100 millones de lempiras.



Las interrogantes son muchas y surgen más en
la medida en que se conocen otros detalles acerca de cómo fueron obtenidas las
estructuras que serían instaladas para atender a los pacientes covid.



El proceso de compra, tildado como una
gigantesca estafa, habría dejado una ganancia redonda de 14 millones de
dólares, 350 millones de lempiras.



Esta suma es la que Honduras pagó de más por la adquisición de los hospitales. ¿En qué manos quedó esa cantidad de dinero, en qué bolsillos fueron a dar todos esos recursos que estaban destinados a cubrir las necesidades del sistema sanitario colapsado por los pacientes que buscan asistencia, pero que no encuentran espacio en los hospitales?



Hasta ahora, los actores visibles de la
transacción son el director ejecutivo de INVEST-Honduras, Marco Bográn y el
representante de la empresa Elmed Hospital Systems, Axel López; sin embargo, lo
que se ha dejado traslucir es que detrás de ellos están muchos personajes que
han encontrado en la urgencia sanitaria una excelente oportunidad para cometer
actos de corrupción y obtener ganancias a manos llenas.



Las compras realizadas por INVEST-Honduras se
han realizado de forma arbitraria, sin investigación alguna ni respaldo de
cotizaciones comparativas, con el consecuente perjuicio para el sistema
sanitario del país, cuestionan sectores mayoritarios que exigen el uso
transparente de los recursos para la emergencia.



Otro elemento condenable: El contrato para la
compra de siete hospitales móviles fue aprobado sin la autorización del Consejo
Directivo de INVEST y su costo pagado totalmente por adelantado, según se deriva
de investigaciones desarrolladas por diversos organismos de veeduría social. 



En razón de ello es que órganos de la
sociedad civil, sectores de la oposición política, empresarios, industriales y
representantes de instituciones defensoras de derechos humanos se han unido
para exigir que el escándalo sea investigado y que se deduzcan
responsabilidades penales a los culpables. 



El titular de la Unidad Fiscal Especializada
contra las Redes de la Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, declaró que son
tres las conclusiones que se pueden obtener de la compra irregular de
hospitales móviles: Quienes intervinieron en el proceso son incompetentes,
olvidaron que los fondos que manejan son públicos y, en definitiva, estos
personajes llevan en su sangre el ADN de la corrupción.



El comisionado nacional de los Derechos
Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ha demandado este día a INVEST-Honduras que
rinda cuentas de cómo ha manejado los fondos de la emergencia y se ha
pronunciado por la suspensión inmediata de su director ejecutivo. 



El Ministerio Público ha programado para el 2
de julio la comparecencia del señor Bográn en calidad de investigado por los
delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.



La demanda generaliza es que la emergencia sanitaria no sea aprovechada como un terreno fértil para los corruptos y que la pandemia no se convierta en un pretexto para abrir las arcas a costa de la vida de la población afectada por el covid.

¿Quién se quedó con 350 millones que dejó el negocio de los hospitales móviles?