El Ministerio Público (MP) intensificó este martes varios operativos contra la corrupción al anunciar múltiples requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, servidores de justicia y particulares.
También el ente acusador presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, y dos regidores de esa municipalidad.
Alcaldía de Santa Rosa: donación de un terreno
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó solicitud de antejuicio por el delito de malversación contra el edil, al aprobar de forma irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda.
Según las pesquisas, además del terreno, se habrían gestionado beneficios indebidos como la agilización de trámites municipales.
Alcaldía de Santa Rosa: malversación de caudales públicos
Además, agentes policiales capturaron a Raúl Murillo Torres, exadministrador de la Feria del Agricultor; y a Wendy Galeano Vides, exgerente financiera de la Alcaldía de Santa Rosa de Copán.
A ellos se les imputa el delito de malversación de caudales públicos, acusados de desviar L. 251,925 provenientes de recaudaciones de la Feria del Agricultor en esa ciudad.
Requerimientos por fraude millonario en el IP
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) también reveló un requerimiento fiscal de alto impacto contra exempleados de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad y directivos de la 'Fundación Ayudando con Amor', señalados de desviar 39.5 millones de lempiras del fideicomiso SITEC mediante un falso proyecto social que nunca se ejecutó.
El fideicomiso SITEC Honduras era un mecanismo legal para administrar fondos destinados a la modernización del registro de la propiedad, pero fue creado bajo un esquema de corrupción público-privada que administró fondos (provenientes de impuestos como la matrícula vehicular) a través de comités técnicos en lugar de instituciones estatales, desviando millones de lempiras en diferentes proyectos, según denuncias efectuadas ante el MP.
En este caso los imputados son:
- Cristy Dayanara Sánchez Valle (excoordinadora técnica).
- Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa y financiera).
- Mario Roberto Reyes López (exdirector del Programa de Vivienda Social).
- Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de la Unidad de Presupuesto).
- Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berríos Salinas, de la Fundación Ayudando con Amor.
De acuerdo con el MP, los fondos provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y traslación de dominio, que fueron canalizados mediante el fideicomiso SITEC pese a que la UCP no estaba facultada para realizar donaciones.
Posteriormente, los imputados habrían desembolsado el dinero a través de cheques y presentado documentos falsos para justificar los pagos.
También se acusó a otros empleados del Instituto de la Propiedad (IP) y particulares por un fraude inmobiliario en San Pedro Sula.
Según las investigaciones, falsificaron escrituras y utilizaron firmas notariales para inscribir inmuebles en el Registro de la Propiedad, que luego vendieron a víctimas que pagaron sumas millonarias.
Otros casos
Mientras tanto, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusaciones contra:
- Un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
- Dos empleadas del Poder Judicial.
- Una agente de la DPI.
En paralelo, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) formuló tres requerimientos fiscales:
- Uno contra dos empleados de Aduanas por incumplir procedimientos obligatorios.
- Dos casos adicionales por defraudación fiscal y contrabando, que representan un perjuicio económico superior al medio millón de lempiras.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública también presentó ocho requerimientos fiscales adicionales. Entre ellos destacan:
- Exmiembros del Consejo Directivo del Hospital Escuela, quienes en 2017 se aprobaron aumentos salariales ilegales y selectivos.
- Cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de realizar un allanamiento ilegal y sustraer 50 mil lempiras de la vivienda de un ciudadano en Ocotepeque.
Tras los requerimientos presentados, el Ministerio Público informó que los casos ya fueron remitidos a la Fiscalía correspondiente para continuar con los procesos judiciales.
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