No hay lugar a dudas: el desarrollo de Honduras pasa por la reactivación de la economía y por la creación de más puestos de trabajo.

Acertadamente, los empresarios, los industriales y el sector de los agricultores y de los ganaderos han planteado como una de las prioridades de 2023 la generación de certidumbre jurídica, que es la base para atraer inversión.

El panorama para el año que acaba de comenzar es sombrío. Estamos amenazados por un estancamiento de las economías más desarrolladas, lo que inevitablemente traerá consecuencias quizás irreversibles para nuestras finanzas y aparato productivo.

El país no puede seguir prisionero de ideologías, ni permanecer al influjo de la politización. El diálogo, el entendimiento y el trabajo conjunto de todos los sectores, son las condiciones que nos van a traer luz en medio de los oscuros indicadores que se han proyectado para el período en curso.

Dos mil veintidós terminó con un crecimiento económico y un déficit fiscal de cuatro por ciento y una tasa de inflación interanual de 11 por ciento.

Al cierre del año, la deuda pública se situó en 57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras la tasa de desocupación subió hasta el nueve por ciento.

Hay dos indicadores: la inflación y el desempleo, sobre los cuales es necesario adoptar políticas públicas, sin demora alguna, con el fin de aliviar la situación de calamidad que vive el 74 por ciento de la población.

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Las autoridades del país están desafiadas a formular un plan para robustecer el aparato productivo y atender la demanda de grandes sectores sociales, cuyas condiciones de vida han ido en gran menoscabo.

La economía hondureña necesita crecer por muchos años entre cinco y seis por ciento para que este comportamiento se refleje en la disminución de la pobreza, mayor empleo, competitividad y llegada de capital para la inversión.

Nuestras grandes desgracias son la falta de un plan que impulse el Producto Interno Bruto, la ausencia de medidas que dinamicen la economía, la inseguridad jurídica y la permanente conspiración de los grupos de poder que engendran más politiquería, sectarismo y división entre los hondureños.

Hemos escuchado con algún recelo la propuesta del Gobierno de conducir al país hacia una economía alternativa. ¿Qué significa y que conlleva este modelo?

Esperamos que no implique una distorsión de los propósitos de contener el gasto y aumentar la inversión en los rubros esenciales, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y elevar el rendimiento de nuestra economía.

De cara a la turbulencia pronosticada para el presente año, los objetivos deben apuntar hacia la atracción de capital para la inversión, el rescate de la seguridad jurídica, abrir más puestos laborales y el crecimiento de la actividad económica de Honduras.

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