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En un caos se convierte el manejo de las finanzas en tiempos de pandemia y la alternativa única para salir al frente del desequilibrio entre los ingresos y los gastos está determinada por el recorte presupuestario.



Los economistas, empresarios y expertos en el análisis de la emergencia actual concluyen que a Honduras no le queda otro camino que readecuar el Presupuesto de la República sobre la base de una baja en los gastos corrientes, una disminución de los salarios estratosféricos y el uso racional de los fondos para la operación del aparato gubernamental.



El plan de ingresos y egresos vigente sobrepasa los 282 mil millones de lempiras, una suma que los conocedores de la administración de las finanzas calificaron desde que fue aprobado en diciembre de 2019 como desligado de la realidad del país y marginado de la capacidad de endeudamiento nacional, aparte de su inequidad.



Hay tres renglones que ponen de manifiesto el desequilibrio del Presupuesto. El primero de ellos es que los gastos corrientes han subido de manera descomunal en los últimos años, en sentido opuesto a las necesidades de austeridad y empleo racional de los fondos públicos



Se calcula que a la fecha, los gastos corrientes se elevan sobre los 130 mil millones de lempiras, lo que refleja una inconsistencia entre las prioridades del país y el destino que se ha dado a la reducida disponibilidad de las arcas.



Una segunda inconsistencia está representada por la planilla de funcionarios privilegiados que están nombrados en los 25 ó 30 puestos de mayor jerarquía en la administración pública, con salarios que van desde los 100 mil lempiras hasta los 341 mil lempiras mensuales.



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En el pago de estos burócratas de primera categoría, el gobierno desembolsa no menos de 70 millones de lempiras anuales, en lo que se denomina como una expresión fiel del desbalance del presupuesto del país.



En concordia con los días de crisis, diversos sectores han exigido que sea disminuida la suma de dinero que reciben los funcionarios de primera línea de decisiones en el engranaje gubernamental, pero hasta ahora no se tomó decisión alguna.



En general, la Administración Pública tiene más de 200 mil empleados públicos en cuyos sueldos y salarios el Estado gasta una cantidad que roza 50 mil millones de lempiras anuales.



Otra de las enfermedades endémicas que ha padecido la hacienda hondureña es el funcionamiento parasitario de muchas dependencias que, encima, tienen atribuciones duplicadas. La reingeniería para volver pequeño y eficiente el Gobierno es un viejo tema que siempre ha sido puesto en debate, pero que nunca prosperó.



Sólo a manera de ejemplo, en el área de asistencia social operan el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), la Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf), y el Instituto de la Juventud.



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En el campo de la asistencia a los sectores más necesitados funcionan la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, el Instituto de Desarrollo Comunitario y otras dependencias que persiguen similares razones.



Se puede citar, asimismo, el caso de la Comisión de Derechos Humanos y de la cartera ministerial de los Derechos Humanos con objetivos semejantes.



Como parte de una estrategia para administrar las finanzas en crisis, la cartera ministerial del ramo anunció que el presupuesto será cercenado, una propuesta que no es nueva. Las mismas autoridades de ese sector habían anunciado en mayo una reducción de los gastos en por lo menos 16 por ciento por efecto de la pandemia.



Una caída del por lo menos seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un mayor endeudamiento de hasta 2 mil 500 millones de dólares, un desplome del 30 por ciento en los ingresos fiscales y un descenso de 20 por ciento en la recepción de las remesas, son las cifras de la crisis fiscal de Honduras que obliga a revisar el presupuesto desde la visión del ahorro, la disciplina y la equidad.