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El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, ha sido recusado este lunes para que se aparte del caso que se sigue contra el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. 



Dagoberto Aspra, abogado defensor de Asfura, confirmó la recusación, mencionando que el trámite se realizó el viernes a través de la plataforma electrónica del Circuito Judicial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. 



"Logramos sustentar esta recusación y la presentamos el viernes, y hoy la formalizamos por escrito", declaró Aspra a través de Noticieros Hoy Mismo de TSi.



El escrito de recusación incluye pruebas que, según el abogado, demuestran que Santos podría estar incurso en una causal de recusación según el artículo 83 del Código Procesal Penal. 



"Queremos que Santos se aparte del caso, promoviendo el principio de objetividad en el actuar del Ministerio Público", subrayó.



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Por su parte, Luis Javier Santos respondió que la recusación es un proceso regulado en los artículos 80, 83 y 89 del Código Procesal Penal, en los cuales se establece que solo un superior jerárquico puede ordenar el retiro de un fiscal. 



"Asistiré a la audiencia hasta que un superior jerárquico determine que no puedo estar en el caso", afirmó Santos, quien añadió que continuaría trabajando en el caso a menos que reciba una instrucción formal.



Santos defendió la labor de la Uferco, asegurando que su trabajo consiste en investigar y presentar los casos ante los tribunales, respetando el derecho a la defensa de los acusados. No ofreció detalles sobre si se solicitará detención judicial para Asfura, señalando que se trata de una estrategia confidencial del caso.



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<h2>¿De que se acusa a Nasry Asfura?</h2>



<a href="https://www.radiohrn.hn/admiten-recurso-de-apelacion-emitido-por-defensa-de-exalcalde-del-dc-nasry-asfura">Nasry Asfura</a>, exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial por el Partido Nacional, enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Público de Honduras por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. 



Estas imputaciones están relacionadas con el presunto desvío de más de 28 millones de lempiras durante su gestión como alcalde entre 2017 y 2018. Según las investigaciones de Ministerio Público, se habrían emitido 32 cheques a nombre de Asfura y otros implicados, justificados como "fondos rotatorios" y "reembolsos de gastos", que posteriormente fueron depositados en cuentas personales. 



Se alega que estos fondos se utilizaron para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía y sufragar gastos personales de Asfura y su familia.