El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen ejecutó este miércoles ocho allanamientos en Danlí, El Paraíso, contra una red criminal señalada de utilizar como fachada negocios de venta de ropa usada y pulperías para el tráfico de drogas.
La operación surge a partir de denuncias recibidas por detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), que revelaron la existencia de un grupo de personas que comercializaba drogas bajo la apariencia de actividades comerciales legales, detalla el comunicado del MP.
Red de narco en Danlí tenía historia: MP
Las investigaciones señalan que en los años 2021 y 2023, la DLCN ya había realizado tres acciones previas en la zona, logrando el decomiso de drogas como cocaína y crack, dinero en efectivo producto de la venta, y la captura de varios implicados que enfrentaron procesos judiciales.
Debido a la reactivación de estas actividades ilícitas, la Sección Antidrogas de la FESCCO solicitó nuevas órdenes de allanamiento para realizar inspecciones, incautaciones y decomisos relacionados con la estructura criminal.
Hasta el momento no se han reportado capturas, solo se informó que se llevan a cabo inspecciones, decomisos de indicios, y posibles arrestos en flagrancia.
Los operativos cuentan con el respaldo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En caso de encontrarse evidencias durante los registros, las autoridades confirmaron que se efectuarán arrestos en flagrancia.
¿Cómo castiga el Código Penal de Honduras el narcotráfico?
El Código Penal de Honduras, vigente desde 2020, establece en sus artículos 359 al 364 que el delito de tráfico de drogas comprende la producción, comercialización, transporte y distribución de estupefacientes ilícitos.
Las sanciones varían según la gravedad del hecho: de 10 a 20 años de prisión y multas entre 100 mil y 1 millón de lempiras para quienes realicen estas actividades; de 15 a 20 años de cárcel cuando se trate de grandes cantidades, reincidencia o participación en estructuras criminales; y de 20 a 25 años de reclusión cuando el narcotráfico involucre a menores de edad o se lleve a cabo en centros educativos, hospitales, penitenciarías o lugares de alta concurrencia.
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