La reestructuración del servicio exterior ha sido un compromiso tomado en cada gestión gubernamental, pero es una promesa que ha sido reiterada con más insistencia en la última década.
En el período 2011-2012, se anunció con más bulla y menos acciones la adopción de reformas que tocaban la operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de un plan para enfrentar la crisis económica de entonces.
En el marco de ese propósito, se procedería a una depuración del nuestro cuerpo diplomático, para lo cual se eliminarían ciertas embajadas o consulados, serían despedidos algunos funcionarios y se reasignarían tareas para los diplomáticos de carrera. Ninguna de tales metas se cumplió.
Salvo las escasas y honrosas excepciones, el servicio exterior se ha convertido en una fuente de colocaciones para los apadrinados, en un premio de consolación para personajes controversiales y en refugio de los parientes y amigos de los que gobiernan.
Como resultado de esas decisiones, lo que Honduras ha cosechado son diplomáticos muy cuestionados, en su mayoría. Algunos de ellos no han dudado en descuidar sus funciones para dedicarse a los negocios particulares e incluso a reclamar un cheque en dólares que no devengan.
Otra de las críticas que caen sobre el servicio exterior es que un número regular de funcionarios no dominan el idioma inglés, lo que ha obligado -al menos en el reciente pasado- a crear un renglón de recursos orientados a la contratación de traductores.
No hay que olvidar los escándalos protagonizados en el pasado por integrantes de misiones hondureñas en otros países, y a quienes se ha mencionado por haber sido hallados en estado de ebriedad, en reyertas, en actos impúdicos o en situaciones fuera de las normas diplomáticas.
En los tiempos que corren, está vigente el compromiso de evaluar el desempeño de los empleados y funcionarios de las representaciones diplomáticas de Honduras en el exterior, de manera que su nombramiento responda a méritos y no al "nepotismo", "compadrazgo" o "favores políticos", y que todo ese aparato sea sostenido de conformidad con la capacidad financiera del país.
Hace una década, la planilla del servicio exterior era de 160 empleados y luego se engordó hasta llegar a 320. Los datos oficiales apuntan que hoy día son 200 los burócratas que desempeñan funciones en la categoría alta y media, los cuales se han llevado unos 30 millones de lempiras en los primeros meses de 2021, solo en el pago de sueldos y salarios.
No se trata de efectuar una reestructuración del servicio exterior "de palabra" o simplemente para sustituir a los recomendados políticos por otros con iguales o peores credenciales.
Se aspira a formar un servicio exterior eficiente, cuyo costo de sostenimiento sea racional y que esté comprometido con los objetivos del país de obtener un mayor protagonismo en la escena mundial y de formar parte, con justicia y derecho, de la época de la globalización integral en medio de la crisis.
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